La denuncia de la organización PDHAL en X, advierte sobre el desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades rurales y la falta de atención médica en veredas de Aracataca, Magdalena, tras enfrentamientos entre grupos armados.
La crisis humanitaria en Aracataca, marcada por el desplazamiento forzado de al menos 55 familias y la tragedia de una mujer embarazada que perdió a su bebé sin recibir atención médica, mantiene en alerta a organizaciones de derechos humanos y a las comunidades rurales del municipio.
De acuerdo con el comunicado en X emitido por PDHAL el 24 de febrero de 2026, los enfrentamientos armados registrados en las veredas Fuente Alta, Fuente Baja, Cerro Azul, Las Margaritas y Chimborazo, dejaron como saldo aproximadamente 275 personas desplazadas, además de varias familias que permanecen en condición de confinamiento, sin garantías de seguridad ni asistencia en salud.
Uno de los casos más delicados es el de una mujer en estado de gestación que, en medio de la tensión y la falta de acceso oportuno a servicios médicos, perdió a su hijo.
Según la denuncia, la mujer continúa confinada en la zona sin recibir atención médica especializada, al igual que otras familias que no han podido salir del territorio.
Aunque los combates entre los actores armados cesaron, la organización advierte que la amenaza persiste, ya que los grupos continúan en el área, generando temor entre la población civil y el riesgo de nuevos enfrentamientos.
Hasta el momento no existe un balance oficial de víctimas mortales, pero versiones recogidas en terreno hablan de entre ocho y diez fallecidos, cuyos cuerpos no habrían sido sometidos a levantamiento técnico, lo que estaría generando una posible emergencia sanitaria.
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La situación de las familias desplazadas también es crítica. Los albergues y ayudas humanitarias resultan insuficientes frente a la magnitud del desplazamiento, mientras varias instituciones educativas permanecen cerradas, afectando el derecho a la educación de niños y jóvenes de estas comunidades rurales.
Ante este panorama, la plataforma solicitó a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación del Magdalena, la MAPP-OEA y la ONU Derechos Humanos Colombia, la activación urgente de una ruta humanitaria que permita el ingreso seguro de misiones médicas, la verificación de las condiciones de salud física y mental de las comunidades confinadas y el levantamiento técnico de los cuerpos reportados en la zona.
Asimismo, pidieron avanzar en mecanismos que conduzcan a un cese bilateral al fuego, en el marco de los procesos de diálogo, y que se brinden garantías reales para la protección de los líderes sociales que hoy se encuentran bajo presión y amenazas.
Mientras tanto, en las montañas de Aracataca, decenas de familias siguen esperando no solo asistencia institucional, sino condiciones mínimas que les permitan regresar a sus hogares sin miedo.
