La Fiscalía desmanteló una estructura criminal que operaba desde zonas costeras como Taganga, extrayendo de forma ilegal corales, peces de arrecife y caballitos de mar para enviarlos a Bogotá, Estados Unidos y Perú.
Una operación liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de cinco personas señaladas de integrar una red dedicada al tráfico de especies marinas exóticas protegidas, actividad ilegal que tenía su punto de partida en Santa Marta (Magdalena) y Bocachica (Bolívar), y cuyos destinos finales eran ciudades de Colombia y países como Estados Unidos y Perú.
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El anuncio fue hecho por una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, quien formalizó la judicialización de los capturados, a quienes se les imputaron los delitos de daño a los recursos naturales, pesca ilegal, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, concierto para delinquir y manejo ilícito de especies exóticas.
El cabecilla operaba desde Bogotá
Según el ente acusador, el principal articulador de la red sería Raúl Alberto Cuéllar Gaitán, quien coordinaba el transporte y la venta de las especies desde Bogotá, utilizando redes sociales para ofrecer corales, peces de arrecife, anémonas y caballitos de mar a compradores nacionales e internacionales.
La estructura también estaría integrada por Adalberto Antonio Fonseca Cantilla y Jimmy Caraballo Barrios, presuntamente encargados de fomentar la pesca ilegal en áreas marítimas de Taganga, en Santa Marta, y en Bocachica, donde reclutaban buzos y pescadores para que extrajeran las especies marinas utilizando métodos no autorizados, como redes, trampas y mallas.
Además, Yaneth Carreazo Urbina y Miguel Ángel Torres Guerra habrían sido los encargados de recibir, almacenar y trasladar los especímenes desde la Costa Atlántica hasta Bogotá, desde donde eran distribuidos a otros mercados.
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Grave impacto ambiental
Entre las especies más afectadas por esta actividad ilegal figuran el coral abanico, coral flor, pez lorita azul, boquinete o doncella, caballitos de mar y anémonas, todos extraídos de su hábitat natural con técnicas que afectan la biodiversidad y ponen en riesgo los ecosistemas marinos del Caribe colombiano.
La Fiscalía aseguró que esta red venía operando desde hace varios meses y que su accionar causó daños irreversibles en los arrecifes de zonas protegidas, especialmente en áreas cercanas a Santa Marta.
“Estas conductas no solo representan un ataque directo a la riqueza natural del país, sino que también comprometen el equilibrio ecológico de nuestras costas. No vamos a permitir que se sigan comercializando especies protegidas”, advirtió la fiscal encargada del caso.
Los capturados enfrentarán su proceso judicial mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas y posibles compradores en el exterior.
