En los últimos nueve años, 16.350 presos por violencia sexual contra menores de edad han quedado libres en el país. A estos se sumarán 2.775 personas, condenadas por el mismo delito, que en el próximo lustro podrían recobrar la libertad, y 100 este año.
Así lo revela un documento del Inpec enviado al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Cuenca Chaux, en el que el instituto responde el cuestionario de la representante Ángela Sánchez, una de los citantes al debate de control político sobre abuso y explotación sexual de niños realizado el miércoles pasado.
En dicho cuestionario, el Inpec advierte que actualmente están bajo su custodia y vigilancia 7.042 personas privadas de la libertad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y 9.478 por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, para un total de 16.520. De estos, el 59 por ciento ya fueron condenados y el resto apenas están sindicados.
Estos datos se conocen en momentos en que en Colombia se discute la posibilidad de impulsar una reforma constitucional para establecer la cadena perpetua para los violadores de niños, y pocos días después de que el Gobierno lanzó la Alianza contra la violencia infantil, que busca erradicar del país todas las formas de violencia contra los menores de edad.
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De acuerdo con el informe de la entidad penitenciaria, los 2.875 presos que pueden recuperar su libertad en los próximos años es porque están cerca de cumplir la pena. De hecho, estima que, por estos delitos, este año pueden salir libres 100 condenados; el próximo año, 139; en 2021, 368; en 2022, 617; en 2023, 777, y en 2024, otros 874 (ver gráficos).
No obstante, la entidad aclara que es el juez de cada caso quien debe determinar si un condenado “cumple o no con los requisitos de ley para recobrar la libertad”.
Según una fuente de la entidad, uno de los que en los próximos años podría pedir beneficios, como permisos o casa por cárcel, es el depredador sexual Luis Alfredo Garavito, quien fue condenado a 39 años de prisión por la violación y asesinato de cientos de menores y este año ya completó 20 años de cárcel. Sin embargo, hasta el momento el juez que tiene su caso no le ha validado el tiempo que el llamado ‘Monstruo’ ha alegado como redención de pena.
Hay que aclarar que delitos como el acceso carnal violento contra menores de edad, según el Código de Infancia y Adolescencia, no tienen beneficios. Pero algunos promotores de la cadena perpetua, como Johana Jiménez, defensora de los derechos de los niños, dicen que aunque los violadores no tienen beneficios, sí están recibiendo descuentos de pena.
En el informe del Inpec llama la atención que del total de presos por violencia sexual contra menores, 804 gozan de detención domiciliaria, mientras que otros 840 tienen sistemas de vigilancia electrónica (brazaletes). Estos representan casi el 10 por ciento de todos los reclusos por ese delito.
La posible liberación de presos por violencia sexual contra menores genera alarma en algunos sectores que consideran que esas personas pueden reincidir. Al respecto, según el Inpec, actualmente hay 1.380 presos reincidentes: 598 por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y 782 por actos sexuales con menores de 14 años.
“Se trata de personas que lo más probable es que la cárcel no las haya mejorado sino empeorado y pueden llegar a reincidir”, dice Isabel Cuadros, directora de Afecto, una asociación que trabaja por los derechos de los niños que han sufrido violencia sexual.
Cuadros considera que “esas personas deberían tener un control posterior y una medida de no poder, por ejemplo, trabajar en colegios, guarderías o acercarse a parques” (ver nota anexa). Pero para Johana Jiménez, “es absolutamente inaceptable que liberen a los violadores de niños. Lo que hacen es arriesgar a más niños”.
La congresista Ángela Sánchez se muestra preocupada por las cifras de presos que serían liberados y las de reincidencia. “No pueden volver a pasar casos como el Ever James Melchor, quien estaba preso desde 2002 por la violación y el asesinato de una niña y el mismo día que recibió un permiso de 72 horas violó y asesinó a una adolescente en Ibagué. No es muy difícil deducir que la resocialización no es tan efectiva”, dijo Sánchez, quien afirma que estas personas deben recibir un acompañamiento para que no reincidan.
Frente al tema, el representante César Lorduy dice: “Los derechos de los niños son prevalentes, no podemos supeditar los derechos de los niños a los derechos de los asesinos”.
Según Medicina Legal, en lo que va de 2019 se han presentado 10.934 casos de violencia sexual contra menores de edad. En el 2018, la cifra llegó a 22.794 niños víctimas de abuso, es decir, 64 cada día.
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Por su parte, el mayor general William Ruiz, director general del Inpec, aseguró que “los privados de la libertad por violencia sexual contra menores de edad, salvo casos especiales, requieren medidas de seguridad diferentes”, y dijo que actualmente “hay 16 monstruos en la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar” (centro penitenciario de máxima seguridad).
El Inpec también explicó que como parte del proceso de resocialización, a los condenados por violencia sexual se les ofrece el programa de ‘Intervención penitenciaria para adaptación social’ (Pipas), al cual los reclusos pueden acogerse de manera voluntaria. El objetivo es “reducir la presencia de factores de riesgo asociados a la reincidencia del comportamiento sexual delictivo”.
La Asociación Afecto, fundada en 1986, es una de las organizaciones colombianas con mayor experiencia en la lucha contra el maltrato infantil. El Tiempo habló con su directora sobre el informe del Inpec.
¿Qué significa que en los próximos 6 años queden libres 2.875 condenados por violencia sexual contra menores?
Dolorosamente, que esas personas pueden reincidir (…). Lo más probable es que la cárcel no los haya mejorado. Estas personas deberían tener un control posterior y una medida de no poder, por ejemplo, trabajar en colegios, guarderías o acercarse a parques.
¿Cómo se podría proteger entonces a nuestros niños y niñas?
Hay que avanzar en un registro nacional de ofensores sexuales, para que se pueda consultar si una persona ha sido incriminada por violencia sexual contra menores. En Estados Unidos existe ese registro, y los ciudadanos pueden hacer esas consultas mediante la página del FBI.
¿Qué debería hacer el Gobierno para atacar la violencia sexual contra menores?
Necesitamos fiscales especializados en este tipo de delitos. También es necesario tener más personas en investigación criminal.
¿Qué opina de la propuesta de establecer cadena perpetua para violadores de niños?
Cuando hay una violencia contra un niño, sí; sin embargo, hay que hacer una política más sólida, porque podría haber un efecto contraproducente. Es decir, los jueces podrían subir los estándares de corroboración. Se necesita, insisto, una política integral y un Estado más grande.
Tomado de El Tiempo
