El representante conservador Juan Carlos Wills es el ponente del proyecto y uno de sus principales promotores.
En los días que se negociaba la paz en La Habana, el país prohibió el uso de armas de fuego. Hoy, años después en las calles de Santa Marta, nuevamente se podría ver personas armadas.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles en primer debate un proyecto de ley que busca actualizar las condiciones para el porte de armas de fuego en Colombia. Y en palabras más sencillas, flexibilizar los procesos para el uso de armas.
La iniciativa logró avanzar con 17 votos a favor y 6 en contra; fue rechazada por la bancada del Pacto Histórico. Ahora, para convertirse en ley, debe superar tres debates adicionales.
El representante Juan Carlos Wills, ponente del proyecto y uno de sus principales promotores, explicó el alcance de su propuesta: “Hay un decreto presidencial que prohíbe el porte de armas en Colombia. Quienes tienen armas con permiso de porte o tenencia, no pueden hacer uso de este permiso, les toca tenerlas engavetadas en las cajas fuertes“.
Así pues, según explicó, con la iniciativa buscarían autorizar a usar sus armas a quienes hoy tengan un permiso vigente: “Los bandidos no necesitan permiso, los bandidos salen a cometer sus crímenes sin un permiso de armas. Lo que estamos tratando de proponer es que empresarios, ganaderos, comerciantes, que tengan en sus manos un arma y tengan un permiso vigente de porte, puedan hacer uso de este permiso”, dijo.
A pesar del avance de la iniciativa, el proyecto enfrenta una fuerte oposición por parte del Pacto Histórico, pues aseguran que la propuesta debilita las herramientas de control del Estado y podría generar un aumento en la circulación de armas sin supervisión.
Uno de los puntos más polémicos es el artículo 7, el cual impone restricciones al Gobierno para suspender los permisos de porte y tenencia de armas. Actualmente, el Decreto 1556 de 2024 mantiene la suspensión general de estos permisos. Sin embargo, de aprobarse la ley, el Ejecutivo solo podría renovar la suspensión en casos muy específicos.
Según ese punto, la suspensión sería por casos como estados de excepción, alteraciones graves del orden público o situaciones establecidas en la Constitución, lo que debilitaría el control.
