La organización delincuencial, presuntamente liderada por un interno conocido como alias ‘Pluma’, obtenía cerca de 700 millones de pesos mensuales mediante extorsiones en varias regiones del país. Las autoridades también hallaron evidencias de cobros ilegales dentro del penal.
La red de extorsión que operaba desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, fue desarticulada por las autoridades tras una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y el GAULA de la Policía Nacional, que permitió la captura de 16 personas, entre ellas cuatro funcionarios del INPEC, señalados de facilitar el funcionamiento de la estructura criminal.
De acuerdo con la investigación, la organización habría obtenido ingresos cercanos a 700 millones de pesos mensualesmediante llamadas extorsivas realizadas desde el centro penitenciario. Las víctimas fueron contactadas bajo la modalidad de “falso servicio”, un engaño con el que los delincuentes lograban que ciudadanos realizaran consignaciones de dinero tras ser intimidados.
Las pesquisas establecieron que la red delictiva afectó a personas en Boyacá, Bogotá, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Tolima y Meta, donde fueron documentadas al menos 18 denuncias relacionadas con este esquema de extorsión.
Según las autoridades, el presunto cabecilla de la organización era un recluso conocido con el alias de “Pluma”, quien se encontraba recluido en el pabellón 13 de la cárcel de Cómbita. Además de coordinar las extorsiones hacia el exterior, también habría instaurado un sistema de cobros ilegales dentro del penal, obligando a otros internos a pagar por asignación de celdas, visitas, rifas y otros beneficios.
La investigación también reveló que quienes se negaban a realizar estos pagos eran objeto de amenazas y agresiones, situación que habría afectado a más de 250 personas privadas de la libertad.
Durante el operativo fueron ejecutados 11 allanamientos en varios departamentos del país. Además de las capturas, las autoridades incautaron 14 teléfonos celulares y cerca de 1,9 millones de pesos en efectivo, elementos que serán utilizados como material probatorio dentro del proceso judicial.
Los cuatro funcionarios del INPEC capturados son investigados por su presunta participación en el ingreso de celulares, licor, sustancias estupefacientes y otros elementos prohibidos al establecimiento penitenciario, lo que habría permitido mantener activa la red criminal desde el interior de la prisión.
Con este golpe, las autoridades buscan debilitar las estructuras dedicadas a la extorsión carcelaria, una modalidad delictiva que continúa afectando a ciudadanos y comerciantes en distintas regiones de Colombia y que sigue siendo una de las principales preocupaciones de los organismos de seguridad.
