Se anuncia que acudirá a la Superintendencia de Servicios Públicos para exigir que la empresa de energía cumpla con lo ordenado por la ley.
La Personería Distrital de Santa Marta expresa su profunda preocupación ante la falta de respuesta por parte de la empresa Air-e a las solicitudes y requerimientos realizados en el ejercicio de sus funciones como organismo de control y garante de los derechos de los usuarios.
A pesar de los reiterados requerimientos realizados por la personera delegada y del respaldo del juez constitucional mediante una acción de tutela, la empresa Air-e sigue sin entregar la información solicitada, que es crucial para planificar y proyectar acciones judiciales encaminadas a defender los intereses de la ciudadanía debido a las reiteradas quejas por la prestación de este servicio.
Es preciso mencionar que, ante el silencio de Air-e, la Personería delegada promovió una acción de tutela que fue fallada favorablemente por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Santa Marta, concediendo el amparo del derecho de petición invocado por esta agencia del Ministerio Público.
En el mismo fallo, la jueza ordenó a Air-e que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, respondiera a la petición de la Personería fechada el 13 de enero del 2025. Sin embargo, la empresa ha hecho caso omiso a esta orden judicial, evidenciando una grave omisión en el cumplimiento de sus obligaciones.
“Como agentes del Ministerio Público, realizamos estos requerimientos con el fin de planificar nuestras actividades y garantizar el ejercicio efectivo de nuestras competencias en defensa de la comunidad. No obstante, nos vemos en la lamentable situación de tener que recurrir a la vía judicial para obtener una orden que obligue a la empresa a suministrar la información requerida, y aun así, persiste la omisión en atender nuestras peticiones”, recalcó Edwar Orozco, personero de Santa Marta.
Ante esta situación inaceptable, la Personería Distrital anuncia que acudirá a la Superintendencia de Servicios Públicos para exigir el cumplimiento de estas obligaciones.
“Es inaceptable que, cuando el Estado asuma la administración de una empresa, no solo persistan las deficiencias, sino que los procedimientos anteriormente aplicados no mejoren en beneficio de la ciudadanía”, advirtió el personero de Santa Marta.
