De acuerdo con el sindicato, Gustavo Sánchez tendría negocios con un hombre involucrado con negocios de narcotráfico.
Miembros sindicalizados y no sindicalizados de Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNN- denuncian que Gustavo Sánchez Herrera, director de la territorial Caribe, estaría involucrado en hechos de corrupción y conflicto de intereses en el Tayrona.
En el documento de siete hojas dirigido a la Procuraduría, Ministerio de Ambiente, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Grupo de Control Interno de Parques Nacionales, contratistas adscritos a Sintraparques exponen las irregularidades en las que estaría incurriendo el director.
De acuerdo con la denuncia anónima, Gustavo Sánchez hace más de 10 años arrienda campings a visitantes en el Tayrona, en un lugar conocido como ‘Castillete’ que se encuentra en una zona de recuperación, donde no se deberían realizar actividades turísticas.
“Denunciamos que además de tener un interés económico y personal dentro de un área protegida, razón por la que debía declararse impedido para ejercer el cargo, ejerce una actividad en contra de los establecidos en el lineamiento ambiental”, dice el documento.
Lo anterior, debido a que dentro del plan de manejo se establece que una Zona de Recuperación Cultural es una zona que “ha sufrido alteraciones en su ambiente natural y que está destinada al logro de su recuperación de la naturaleza que allí existió”.
Además de presuntamente tener negocios en el Tayrona, los contratistas señalan al director de sostener relaciones comerciales con un hombre involucrado con el narcotráfico.
“Denunciamos y rechazamos categóricamente que el actual director territorial se lucre del ejercicio de la conservación a través de la explotación de las áreas protegidas, mediante sus negocios con Alejandro Campo, persona relacionada con el narcotráfico en la zona”, manifiesta la denuncia.
Según el texto, por los negocios de Campo muchos guardaparques han sido hostigados, perseguidos, ultrajados y asesinados.
“Es una burla para los guardaparques que su director territorial se haya lucrado y se lucre con la explotación turística a través de negocios con personas relacionadas al narcotráfico”, asevera.
Asimismo, la denuncia expone que el nuevo director sostendría una relación sentimental con una de sus trabajadoras, a quien se le habría delegado el banco de hojas de vida de contratistas y quien estaría disponiendo a su antojo de los horarios de ingreso al área protegida.
“La profesional universitaria María Fernanda Molina le ha solicitado al personal técnico y operativo del Tayrona que permita el ingreso al área protegida a turistas y familiares aún cuando los horarios de ingreso y la capacidad de carga ya ha sido sobrepasado; aprovechándose de su beneficio de pareja sentimental del director”, dice la denuncia.
Los acusadores afirman que este conflicto de intereses los tiene perjudicados, dado que los trabajadores de menor rango siempre ceden a las peticiones por miedo a ser despedidos por llevar la contraria.
Incluso, de acuerdo con el documento, a muchos trabajadores no se les habría renovado el contrato.
“Lamentamos profundamente desde el sindicato y demás miembros aquí denunciantes, la manera abrupta en que se desecha el trabajo de tantos años de los compañeros, el daño al buen nombre, vulneración a los derechos de seguridad laboral y seguridad alimentaria”, agrega la misiva.
El sindicato mencionó puntualmente el caso del abogado Ricardo Silva, quien después de casi 10 años de trabajo como contratista, habría sido despedido sin justificación, pese a padecer cáncer y quedar desamparado.
Finalmente, en la denuncia los contratistas piden a la Procuraduría que se investigue lo denunciado, asegurando que el actual director territorial tiene buena relación con el director nacional, Pedro Molano, por lo que “no hay garantías de transparencia”.
