Un operativo de desalojo en Barranquilla terminó en escándalo luego de que Jaime Avendaño Camacho, director regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), fuera señalado de agredir físicamente a un ciudadano en medio de una diligencia judicial. La víctima denunció haber sido golpeada y teme por su vida tras el incidente.
Un operativo de desalojo realizado en el norte de Barranquilla terminó en denuncias de abuso de autoridad y agresión física por parte de un alto funcionario. El hecho tuvo lugar en la carrera 68 con calle 74, donde Jaime Avendaño Camacho, director regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la región Caribe, fue acusado de golpear a Gabriel Morillo Rodríguez durante una diligencia judicial.
Según la denuncia, Avendaño habría tomado por el cuello a Morillo y lo habría estrellado contra un vehículo, ocasionándole lesiones que requirieron atención médica inmediata. Testigos del suceso afirmaron que todo ocurrió tras una acalorada discusión, cuando se presentó una tutela que ordenaba suspender el procedimiento de desalojo.
Uno de los presentes relató que el funcionario “perdió el control y levantó a Morillo con una sola mano como si fuera un muñeco”. Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció varias horas bajo observación médica.
En un video divulgado en redes sociales, Morillo denunció haber sido víctima de un ataque “brutal” y pidió a las autoridades una investigación exhaustiva. “Estoy hospitalizado después de un intento prácticamente de homicidio de parte del director regional de la SAE”, aseguró en su declaración pública.
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La denuncia causó rechazo generalizado entre los ciudadanos y miembros del gremio jurídico, quienes exigen una respuesta institucional frente a este presunto uso excesivo de la fuerza. Hasta el momento, la SAE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.
Morillo, visiblemente afectado, afirmó temer por su seguridad y la de su familia: “No sé hasta dónde lleguen los alcances de este señor. Me violentó públicamente, delante de todo el mundo. Esto es corrupción y tiranía, y no lo podemos permitir”.
El inmueble donde se produjo el enfrentamiento corresponde a bodegas ubicadas en Barranquilla, las cuales estuvieron relacionadas con un proceso de extinción de dominio. Sin embargo, Morillo sostiene que en 2011 fueron excluidas por decisión judicial, mientras que la SAE insiste en que siguen siendo parte de sus activos administrados.
La disputa legal incluye una orden del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito, que suspendió cualquier actuación administrativa, hecho que habría detonado la furia del funcionario y desencadenado la agresión. Actualmente, la víctima fue sometida a radiografías y exámenes médicos para determinar la gravedad de sus lesiones.
El caso podría tener consecuencias penales y disciplinarias para el director regional de la SAE, dado que la denuncia incluye señalamientos por abuso de autoridad y lesiones personales. Abogados consultados aseguran que, de comprobarse los hechos, el funcionario podría enfrentar una suspensión del cargo y un proceso judicial por agresión física.
