En una reciente sesión en la Comisión de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo advirtió que continuamente ha recibido denuncias de malos procedimientos.
El Congreso de la República continúa haciéndole seguimiento a las denuncias sobre abuso de autoridad y por eso se han organizado algunas audiencias públicas para escuchar no solo a las víctimas, sino a otros funcionarios del Estado.
En una reciente sesión que se adelantó en la Comisión de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo advirtió que continuamente ha recibido denuncias de parte de la ciudadanía por malos procedimientos de los uniformados.
El vicedefensor, Jorge Calero, recomendó a la Policía Nacional revisar los protocolos para atender la protesta ciudadana y evitar más casos de abuso.
“El defensor del Pueblo, a nombre de la ciudadanía, ha solicitado al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional, que se revisen los procedimientos, los protocolos para atender estas circunstancias”, indicó.
Y añadió: “Y también ha ofrecido la Defensoría del Pueblo apoyar en la formación, en la educación, en la capacitación de todos los policías en materia de derechos humanos. Eso consideramos que es importante para que haya un mejor manejo de esa situaciones del orden en circunstancias de protestas y manifestaciones”.
Dijo además que la Policía Nacional debe tener procedimientos nuevos para la “conducción de los contraventores, un procedimiento para la captura o conducción de los menores, también para proteger a las mujeres, a las niñas y a las poblaciones LGBTI, para que se eviten agresiones a la dignidad humana”.
También entregó cifras sobre el número de protestas que han presentado en los últimos años en todo el territorio colombiano.
“Entre 2018 y lo corrido de 2020, la Defensoría del Pueblo en su monitoreo ha logrado registrar 4.929 protestas sociales, esto es 125 manifestaciones mensuales, cinco diarias (…) Solo en 2020, a septiembre 08, hemos registrado 1.305 protestas sociales”, manifestó.
El vicedefensor indicó que dichas manifestaciones se han registrado en 509 municipios de todo el país y advirtió que las mismas demuestran que hay una alta inconformidad contra las políticas sociales por parte del Estado colombiano.
