A pocas semanas de que inicie la discusión del salario mínimo para 2019, se empieza a vislumbrar el panorama de lo que podría ser el aumento para más de la mitad de los trabajadores del país, teniendo en cuenta que este año ha representado para Colombia una recuperación de la economía en varios frentes, como el incremento de los precios del petróleo y la confianza de los consumidores.
La Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, conformada por los empresarios, sindicatos y el Gobierno Nacional, será nuevamente la encargada de discutir desde la primera semana de diciembre las diferentes variables para calcular el incremento del salario para el próximo año.
Aunque son pocas las veces en las que se ha llegado a un acuerdo desde que se creó la Comisión, son muchas las expectativas en esta oportunidad, teniendo en cuenta que contará con la mediación de un nuevo Gobierno, en cabeza del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y una economía que viene en un proceso de recuperación.
El incremento para 2018 logró, a último momento, llegar a una concertación entre los trabajadores y los empresarios, con una mediación del gobierno, quienes definieron un aumento del 5,9 %, que se tradujo en los 781.242 pesos que devengan los más de 11 millones de colombianos que ganan el mínimo actualmente.
Uno de los aspectos que se tiene en cuenta para calcular el incremento del salario es la inflación anual, así como la productividad del país. En ese sentido, el rango meta de inflación, tanto del Gobierno Nacional y como del Banco de la República, está por el orden del 2 % y 4 %, teniendo como meta el 3 %.
De acuerdo con el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual se ubica en 3,23 %, faltando por conocer la cifra del último trimestre (octubre, noviembre y diciembre), por lo que es probable que el cierre del Índice de Precios al consumidor (IPC) se ubique dentro de la meta.
Sin embargo, el inicio de la administración de Duque también ha marcado varios hechos en materia laboral, ya que desde hace unas semanas la Comisión de Concertación ha sido convocada por el Gobierno Nacional para generar espacios de discusión frente a los temas laborales en el país.
“El motivo principal de la reunión fue decirles a los miembros que en esta comisión no solo deben tratarse los temas laborales sino también aspectos como el empleo y otros que afectan al país, porque nosotros tenemos la obligación de proponerlo y tenemos que tener claro que todavía no es el momento de discutir el salario mínimo”, indicó en septiembre la ministra de Trabajo, Alicia Arango.
Lo cierto es que desde ya se puede ir evaluando el escenario que podría tener esta nueva discusión del el incremento salarial, teniendo como base la cifra de inflación y el margen sobre el cual se moverían las partes para definir al pago que recibirán los colombianos a partir del próximo año.
El decano de Economía de la Universidad Central, Erick Behar Villegas, consideró que a pesar de que falta algunas cifras por conocer, la inflación puede terminar entre 3 % y 3,2%, pero esto dependerá del comportamiento de los precios al final del año y el efecto del dólar sobre la depreciación del peso colombiano, lo cual puede afectar a muchos sectores.
“Para la negociación del salario mínimo la inflación es el criterio base. Si miramos lo que ha subido el salario en los últimos años, cuando se incrementó por encima de los 780.000 pesos, tuvo un aumento de 2 puntos porcentuales sobre la inflación y probablemente con un nuevo gobierno, que tiene que mostrar su legitimidad ante los trabajadores, dudo que el IPC pueda ser el criterio fundamental, porque tiene que primar la negociación con los sindicatos”, indicó Behar.
Por su parte, Iván Jaramillo, docente e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, destacó que por orden constitucional el incremento del salario nunca puede estar por debajo del IPC, el cual es un criterio de base para una actualización de ese aumento.
“Lo que mide la inflación es la pérdida del poder adquisitivo y lo que se reconoce de aumento por ese valor es un ajuste y no un incremento, por eso la cifra siempre tiene que ser superior al IPC del año, que podría estar en 3,2 % y 3,5 %. El gobierno generalmente no da más de uno o dos puntos cuando decreta el aumento unilateralmente y por eso es importante que las partes hagan un esfuerzo y logren una concertación en este tema”, explicó Jaramillo.
Diego Escobar, docente de economía y experto en temas laborales de la Universidad Libre, coincidió con la importancia de que las partes logren un acuerdo y que las propuestas sean razonables.
“Las centrales obreras y los empresarios deben estar muy atentos a que el espacio de negociación sea razonable, propositivo y pertinente, y no para que un sector pida más de lo que se puede y otros ofrezcan una cifra muy por debajo de las expectativas, entendiendo que el papel que tendrá el gobierno es de ser un mediador en esas discusiones”, indicó Escobar.
Frente a la cifra del incremento, los analistas consideran que aunque no se conocen las posiciones de las partes y es difícil proyectar el aumento faltando varias semanas para que arranque en firme la discusión, se podría mantener como ha venido sucediendo en los últimos años, con un incremento de dos puntos por encima del IPC.
“El incremento se podría mantener parecido a los valores históricos del 5 % que tuvimos en la negociación del año pasado. Es decir, estaríamos hablando de dos puntos por encima de la inflación y dudo mucho que el incremento este solo con la cifra de IPC, porque eso tendría un efecto en la popularidad sobre el gobierno Duque y no creo que quieran asumir ese costo político con lo que está sucediendo”, explicó Behar.
El investigador del Rosario reconoció que hablar de cifras en estos momentos es complicado, porque se tienen que evaluar varios aspectos como que el salario mínimo de 781.242 pesos no es suficiente frente al costo de la canasta familiar que estaría aproximadamente en 1.300.000 pesos.
“El problema es que con el aumento no vamos a compensar el costo de la canasta y por eso no podemos hablar de una cifra ideal, porque con estas discusiones no hay cifras mágicas, pero lo importante es que en lo posible se compense la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años y que ojalá el aumento pueda estar unos tres o cuatro puntos por encima del IPC, para que verdaderamente sea un aumento y no un simple ajuste”, explicó Jaramillo.
Escobar coincidió con esta postura, asegurando que sería deseable que el incremento estuviera dos o tres puntos por encima del IPC que se tiene proyectado, sin embargo, indicó que “esto es muy complicado en la mesa de concertación y habrá que esperar con qué propuestas llega cada uno de los sectores que allí tienen asiento, para evaluar que podría ocurrir con la cifra de incremento y si se podría llegar a un acuerdo”.
Los argumentos de la discusión, además de económicos también tienen un trasfondo político, según Behar, representando en las distintas posiciones de los sectores que conforman la mesa de concertación, por lo que es importante que las cifras que lleven sean razonables entre las partes.
“La petición de aumento del salario mínimo probablemente va a estar entre el 7 % y 12 %, pero esas cifras son muy poco realistas, porque si evaluamos eso, con un incremento tan fuerte, lo que pasaría es que se generaría un incentivo en las empresas para que despidan personas”, explicó Behar.
De acuerdo con el analista, se tiene que tener en cuenta que no solamente es el salario lo único que sube, sino que a la par de eso van los costos de las prestaciones sociales. “Cuando una empresa le paga a una persona los 781.000 pesos de salario, en realidad está asumiendo un costo de 1.250.000 y por eso un aumento considerable impacta la liquidez de las compañías”, dijo.
Frente a este punto, Iván Jaramillo indicó que generalmente las posiciones iniciales son bastante alejadas entre los sindicatos y los empresarios, y lo que termina pasando es que dependiendo del liderazgo del Gobierno pueden haber posibilidades de acercamiento para llegar a un cifra concertada.
“En 20 años que lleva este modelo de negociación, en el observatorio hemos evidenciado que en solo cinco oportunidades se ha llegado a un acuerdo, estamos hablando de un 25 % de los casos en donde el Gobierno ha definido el incremento unilateralmente en un 75 %”, explicó Jaramillo.
De acuerdo con el investigador, sería una buena señal por parte del Gobierno Nacional que el incremento sea considerable, pero allí se abre el debate de si podría generar desempleo o pérdida del poder adquisitivo, en caso de ser muy bajo, lo cual no es muy sano para la economía.
“El ideal es que se lleguen a acuerdos en esos dos extremos. Ahora, si se da un aumento generoso sería muy deseable, porque en los últimos años de fijación del salario, que ha sido principalmente por parte del Gobierno, ha habido pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y por eso sería importante que esto se vaya corrigiendo con aumentos por encima del IPC ”, explicó el docente del Rosario.
Escobar destacó el papel que tiene el Gobierno Nacional en lograr que se den consensos entre los trabajadores y los empresarios, a pesar de los intereses que cada uno tiene en la discusión del incremento salarial.
“Es bien complicado porque muchos esperan una cifra alta de incremento, pero los efectos son aspectos que tienen que ser evaluados. Sería magnífico que la cifra sea un poco más alta de lo que tradicionalmente se ha hecho, pero es un escenario complicado por los intereses que existen dentro de la mesa y por la economía del país a mediano y largo plazo”, explicó Escobar.
Esta discusión por un nuevo incremento salarial se empezará a vivir con mayor fuerza en la primera semana de diciembre, cuando empresarios y trabajadores empiecen a revelar las cartas que jugarán sobre la mesa de concertación laboral en beneficio de los trabajadores y la economía del país.
