La Procuraduría exhortó a los alcaldes a emitir los decretos que establezcan los lugares y condiciones de este tipo de publicidad en sus territorio.
La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la procuradora Margarita Cabello, informó que a lo largo del territorio nacional, hay un total de 273 municipios, pertenecientes a 20 departamentos, en los cuales no se ha regulado la propaganda electoral y la sectorización para su fijación.
Entre los anteriores, se encuentra el departamento del Magdalena, donde aún no se han expedido ningún tipo de decreto que establezca las condiciones y lugares en los que se podrá instalar los anuncios.
Por ello, la procuraduría hizo el llamado a los alcaldes de los municipios de Santa Bárbara de Pinto, Pijiño del Carmen, San Zenón y Santa Ana, a emitir las directrices correspondientes para que se dé el uso adecuado a los espacios para instalar vallas, posters y demás elementos de publicidad política.
De la misma manera, el órgano de control expuso que, en algunos de estos municipios se estarían colocando estos avisos políticos en espacios propios del estado, incurriendo al uso inadecuado de las zonas para este tipo de actividad. Por lo anterior, exhortó a los alcaldes a restablecer el espacio público y a aplicar las medidas y sanciones respectivas.
En ese sentido, desde el Ministerio Público se recordó a los burgomaestres que no han expedido alguna normatividad al respecto, que de acuerdo con la Ley 140 de 1994 está prohibido fijar este tipo de contenido en lugares como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra infraestructura del Estado.
Finalmente, enfatizó sobre las multas a las que podría someterse en caso de incumplir las normas. Las sanciones por poner publicidad electoral en lugares prohibidos pueden ser de hasta 10 salarios mínimos.