La defensa del expresidente Álvaro Uribe acaba de sacar una constancia pública por lo que denomina la sorpresiva reactivación en la Corte Suprema de Justicia de un nuevo caso en contra del ex mandatario.
Según el penalista Jaime Granados, el 19 de agosto -fecha en la cual ya era
de público conocimiento la renuncia de Uribe al Senado-, la Sala de Instrucción les comunicó un auto, del 14 de agosto, en donde decide dar impulso procesal al expediente por la masacre de El Aro (1997).
Aunque Granados no lo menciona, el diario El Tiempo indicó que la Corte citó a versión libre, el 16 de septiembre próximo al exmandatario, por ese caso, que fue acumulado con el de la masacre de La Granja (1997) y con el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998).
Pero el penalista es claro en su constancia en que les causa extrañeza que la Corte haya estado investigando a Uribe (por su fuero de senador) por hechos que supuetamente están relacionados con su desempeño como gobernador (de Antioquia), ya que este tipo de servidores está fuera de la órbita del alto tribunal.
Ninguna relación existe entre los hechos objeto de investigación y el ejercicio de las funciones cómo Senador, las cuales empezó a desempeñar en julio de 2014, es decir casi 18 años después
“Con ocasión al cese en el ejercicio de sus funciones como Senador, otros
casos que venía adelantando la Sala de Instrucción de la Corte, entre ellos la
investigación relacionada con la masacre del Aro, debe pasar al conocimiento de
la Fiscalía”, dice Granados en su constancia.
Y agrega: “Ninguna relación existe entre los hechos objeto de investigación y el ejercicio de las funciones cómo Senador de la República, las cuales empezó a desempeñar en julio de 2014, es decir casi 18 años después”.
Vemos con sorpresa, que el 19 de agosto, fecha en la cual ya era de pública la renuncia de Uribe, nos comunicó un auto, del 14 de agosto, en donde decide dar impulso procesal a dicha actuación
Por eso, la defensa de Uribe considera que “el proceso debe regresar a la Fiscalía en donde se venía adelantando la investigación hasta antes del año 2014, fecha en la cual,
en razón de la posesión de Álvaro Uribe Vélez cómo Senador, se remitió a la Corte
Suprema de Justicia”.
Al final de la constancia pública, el penalista señala: ” Vemos con sorpresa, que el pasado 19 de agosto, fecha en la cual ya era de público conocimiento la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como congresista, la Sala de Instrucción nos comunicó un auto, del 14 de agosto, en donde decide dar impulso procesal a dicha actuación”.
También llama la atención que la práctica de diversas pruebas (incluida la versión libre) haya sido ordenada el 14 de agosto pasado y notificada cinco días después, cuando ya era pública la renuncia de Uribe que -en criterio de la Corte- lo dejaría fuera del alcance judicial del alto tribunal.
De hecho, esta nueva citación al expresidente se produce en momentos en que la Core evalúa la solicitud de su defensa de enviar de inmediato a la Fiscalía el proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal, por el que se le dictó medida de aseguramiento, con detención domiciliaria.
La tesis de la defensa, basada en la Constitución y jurisprudencia de las altas cortes, es que Uribe deja de estar bajo la órbita de la Corte y pasa a la de la Fiscalía porque las conductas por las que se le investiga -soborno en actuación penal y fraude procesal- no tienen nada que ver con su función de senador.
“Las conductas punibles que son objeto de investigación ningún vínculo tienen con el desarrollo de esta función, pues los hechos no se enmarcan dentro del trámite de algún acto desarrollado por el doctor Álvaro Uribe Vélez para realizar control político al gobierno de la época”, señala el penalista Gtandos en su solicitud a la Corte.
En el caso que se acaba de reactivar también aparece el senador Iván Cepeda como ‘actor popular. En el proceso del soborno en actuación penal, él es la víctima.
