Carlos Didier Pérez Amorocho fue detenido en el Cantón Norte de Bogotá por orden de la Fiscalía. La investigación señala que habría entregado información reservada a estructuras armadas a cambio de millonarios pagos.
La captura de un coronel activo del Ejército en Bogotá destapó una investigación que apunta a sus presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales y a una posible entrega de información reservada sobre operaciones de la Fuerza Pública.
Se trata de Carlos Didier Pérez Amorocho, quien fue detenido mediante una orden judicial en una vivienda ubicada dentro del Cantón Norte. El procedimiento hace parte de una investigación adelantada por la Fiscalía a partir de labores de contrainteligencia.
Pero detrás de su captura apareció un dato que llamó especialmente la atención de los investigadores: el oficial habría recibido pagos de hasta $30 millones cada semana a los integrantes del Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia.
Según la Fiscalía, esos recursos habrían sido entregados a cambio de alertar a la organización sobre los movimientos y operaciones de la Fuerza Pública.
La información presuntamente suministrada habría permitido a los integrantes de la estructura armada anticiparse a los operativos y facilitar el movimiento de estupefacientes, armas, municiones y dinero en zonas de Nariño.
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Uno de los episodios que hace parte de la investigación ocurrió en abril de 2026. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el coronel habría obstaculizado el avance de las tropas hacia un punto donde se desarrollaba una operación, lo que habría dado tiempo a integrantes de la organización para escapar en lanchas rápidas.
Cuando las unidades finalmente llegaron al lugar, las autoridades no encontraron las caletas de droga y armamento que previamente habían sido identificadas. La Fiscalía también investiga si parte de los estupefacientes hallados fue arrojada al río por orden del oficial para que posteriormente pudiera ser recuperada por la organización.
La investigación también se remonta a años anteriores. En 2020, cuando Pérez Amorocho se desempeñaba como comandante de un batallón con jurisdicción en Puerto Jordán, Arauca, habría recibido $15 millones para reducir la ofensiva militar contra el Frente de Guerra Oriental del ELN, según los elementos recopilados por la Fiscalía.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó delitos como concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
El coronel no aceptó los cargos, por lo que las acusaciones deberán ser demostradas dentro del proceso judicial.
