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Santa Marta

Contraloría ratifica ejecución de obras en los colegios Jhon F. Kennedy y El Líbano

El ente de control no encontró irregularidades en ninguna de las instituciones.

La Contraloría General de la República – Provincial de Santa Marta, confirmó que las obras para la construcción de las Instituciones Educativas Distritales de Santa Marta John F. Kennedy y Líbano sede 2, fueron ejecutadas en un 100%, cumpliendo con lo proyectado.

Esto, mediante la revisión de las infraestructuras y la documentación del contrato de las obras en los colegios.

El ente de control verificó el archivo documental, los informes económicos, los certificados de disponibilidad y registros presupuestales, la ejecución y la interventoría del proyecto; el estado actual de la obra, entre otros.

Tras el debido proceso, identificaron como pleno y adecuado trámite, el cumplimiento de los requisitos.

“Se determina por la comisión CGR que el contrato No. GI004 de 2018, cuyo objeto fue la construcción de infraestructura educativa para las IED Jhon F. Kennedy y Líbano sede 2 en el Distrito Cultural e Histórico de Santa Marta, se ejecutó en un 100%”, puntualizó el contralor provincial directivo de conocimiento, Luis Alfonso Romero Hurtado.

Esto, explicando que comprobaron que el contrato se encuentra liquidado y entregado a la Alcaldía, acorde con los parámetros contractuales.

“Además, se verificó el uso para el que fueron construidos, cumpliendo con su objeto contractual”, añadió.

Lo anterior, precisando que en cuanto a calidad y estabilidad no presenta ningún tipo de novedad que sean motivo para creer que el proyecto no cumplió con lo entregado o que presenta algún riesgo a la comunidad estudiantil.

Otro aspecto que menciona es que, “las ciertas novedades presentadas después de la entrega en cuanto a puertas, cerraduras, lámparas y equipos instalados, se debe a situaciones ajenas como vandalismo, mal uso o falta de mantenimientos preventivos y correctivos de parte de cada institución”.

Es preciso recordar, que estas investigaciones se desarrollaron como respuesta a la denuncia presentada por Elizabeth Molina Campo, en su momento candidata a la Gobernación y actual diputada del Magdalena, junto a un grupo de ciudadanos, por presuntas irregularidades en estas instituciones.

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