La entidad busca determinar si este vuelo cumplió con fines misionales o si, por el contrario, representó un uso indebido de recursos públicos.
La Contraloría General de la República le solicitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la Policía Nacional un informe detallado sobre el uso de una aeronave oficial que presuntamente transportó a influenciadores y personas afines al Gobierno hacia Barranquilla.
La entidad busca determinar si este vuelo cumplió con fines misionales o si, por el contrario, representó un uso indebido de recursos públicos.
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La solicitud del ente de control pide información precisa sobre la propiedad de la aeronave, el objetivo del desplazamiento, la lista de pasajeros, los costos generados y el marco legal o administrativo que autorizó el operativo aéreo. La preocupación principal de la Contraloría radica en que, según los reportes, el vuelo habría estado al servicio de personas cercanas al Gobierno, sin una clara verificación de si su traslado se enmarcó en las funciones oficiales del Ministerio del Interior o de la Policía.
Además de este vuelo, la Contraloría también requirió a Benedetti detalles sobre presuntos contratos firmados con RTVC por un valor cercano a los $88.000 millones, destinados a la organización de eventos institucionales. El requerimiento incluye documentos contractuales, soportes técnicos y financieros, cronogramas, listado de actividades y los nombres de los funcionarios involucrados.
Benedetti y la Policía justifican el vuelo
En medio de la controversia, el ministro Benedetti respondió a través de su cuenta de X, afirmando que el uso del avión tiene respaldo legal. “No se pidió prestado un avión de la Policía, hay un convenio interadministrativo de hace casi 20 años con la Policía que ‘alquila’ los aviones al Ministerio del Interior que son para temas misionales. Dejen la creatividad y la persecución”, trinó el ministro.
En entrevista con Caracol Radio, Benedetti reiteró que el vuelo no fue improvisado ni ilegal.
“Las personas que viajan son autorizadas por el Ministerio. No es que yo llamo a un general y le digo que me preste un avión”, sostuvo el ministro, explicando que se trató de una aeronave de la Policía utilizada bajo un acuerdo vigente que opera desde hace dos décadas.
Argumentó que se prefirió usar un avión oficial por razones logísticas, en lugar de contratar vuelos comerciales, y que esto también representa un “dividendo” para la Policía.
El ministro aseguró que entre los pasajeros no solo había influenciadores, sino también funcionarios de su despacho y personas relacionadas con temas de seguridad vinculados al evento que se realizó en Barranquilla.
Por su parte, el subdirector de la Policía Nacional, general Rosemberg Novoa, confirmó que el vuelo se amparó en un convenio interadministrativo firmado el 21 de febrero con el Ministerio del Interior, el cual estará vigente hasta diciembre de este año. Según Novoa, dicho acuerdo tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de funciones logísticas y operacionales del ministro y su equipo.
