La Dirección Regional de la entidad en el Magdalena fue una de las 14 auditadas en todo el país por parte del ente de control.
La Contraloría General de la República concluyó una Auditoría a los estados financieros y la información presupuestal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, a 31 de diciembre de 2023, en el que se establecieron 147 hallazgos administrativos de los cuales 70 tienen presunta incidencia disciplinaria, 24 con incidencia fiscal por $15.549 millones, 4 con otras incidencias, 18 dan lugar a indagaciones preliminares, 2 solicitudes de procesos administrativos sancionatorios fiscales y 6 beneficios de auditoría por $414 millones.
La auditoría se practicó a la Dirección General y 14 puntos de control correspondiente a las Direcciones Regionales de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y Sucre.
Según la Contraloría, a nivel nacional, la pérdida de apropiación ascendió a $111.642 millones, sin que el ICBF mostrara la ejecución de las propuestas del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la entidad.
La ejecución más baja se identificó en los programas de Contribución al desarrollo integral de niñas y niños entre 6-13 años, en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida a nivel nacional.
En cuanto a los recursos de Funcionamiento, la ejecución más baja de estos se muestra en los rubros de adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes, con un 44,99% y 44,68% respectivamente.
De acuerdo con el desarrollo del ejercicio auditor, se evidenciaron deficiencias de supervisión relacionadas con pago de Raciones Familiares para Preparar (RFPP) no entregadas, compras no autorizadas en el contrato, consistencias pago RAM y sistema de información cuéntame, consistencia en entrega de canastas, movimiento de cuenta de uso exclusivo y planillas de entrega, falta en el cargue de información en SECOP II y deficiencias en la gestión documental en expedientes contractuales.
Por otro lado, se presentaron dificultades en la entrega oportuna de información para el desarrollo de esta auditoría, especialmente del convenio firmado entre el ICBF y las Naciones Unidas contra la droga y el delito, por lo que se solicitará el inicio de un Proceso Administrativo Sancionatorio.
La auditoría también estableció un detrimento fiscal por $1.920 millones resultado de las inejecuciones identificadas por la supervisión en el acta de legalización de cuenta, los cuales no se han reinvertido o reintegrado.
