Carlos Hernán Rodríguez pidió a todas las entidades nacionales presentar un informe detallado sobre el manejo de los recursos públicos durante el último cuatrienio y advirtió que la Contraloría y la Procuraduría vigilarán de cerca el proceso de transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella.
En medio de la suspensión del proceso de empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado a todas las entidades del orden nacional para que entreguen un informe completo sobre la gestión y el manejo de los recursos públicos durante los últimos cuatro años.
El jefe del organismo de control explicó que la medida busca garantizar una transición transparente, ordenada y ajustada a la ley, permitiendo que el nuevo Gobierno conozca con precisión el estado de las finanzas públicas, los contratos vigentes, los proyectos en ejecución y los recursos administrados por cada entidad del Estado.
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Rodríguez recordó que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación expidieron la Directiva Conjunta No. 001 de 2026, mediante la cual se exhorta a los funcionarios nacionales a formalizar la entrega de sus informes de gestión a través de actas que den cuenta de los asuntos y recursos bajo su responsabilidad.
“Los gobiernos terminan, pero el Estado continúa. Una transición responsable exige contar con información completa, clara y verificable sobre el uso de cada peso de los colombianos”, manifestó el contralor.
El funcionario señaló que el Gobierno saliente deberá presentar un informe integral que detalle el balance de su gestión y el destino de los recursos públicos administrados durante el cuatrienio, documento que servirá como insumo técnico para la administración entrante y permitirá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 951 de 2005, la Circular 11 de 2006 y la Directiva 001 de 2026.
Asimismo, advirtió que la labor de la Contraloría va más allá de revisar cifras, pues el objetivo es verificar que los recursos públicos realmente se hayan traducido en resultados para los ciudadanos.
