La secretaría de Planeación Distrital investiga las causas por las cuales, le fue otorgada la licencia de construcción a la constructora Marval para la ejecución de un lujoso proyecto que incumple la normativa urbanística en el sector de Pozos Colorados.
Francisco García, secretario de planeación explicó que en esa zona de la ciudad la norma urbana vigente regula la construcción de edificaciones con un máximo de cinco pisos en cercanías al mar y 13 pisos al corredor férreo, sin embargo el edificio Samaria Club de Playa dobla el tamaño en altura legalmente permitido para esa zona.
Sus características son muy superiores a las demás estructuras ubicadas en este sector, reconocido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial como Área Residencial y Turística ART-2, que permite una perspectiva de ocupación media del suelo y no alta como en este caso fue contemplado.
José Luis Páez, gerente administrativo de la firma constructora en la Región Caribe, se defiende asegurando que la obra se adelanta bajo los parámetros establecidos por la curaduría No 2 de Santa Marta en la licencia de construcción No 121 del 2014 otorgada, la cual surtió todos los procesos legales ante las entidades competentes.
Sobre la norma que regula el terreno donde se construye el edificio, precisó que fue directamente Planeación Distrital, la encargada de aclarar las dudas que en su momento tuvo el curador delegado y emitir una circular dando aprobación al proyecto con las especificaciones técnicas planteadas.
“Siempre hemos sido respetuosos cumpliendo la normatividad y el diseño que nos fue autorizado por el organismo competente”, señaló Páez, quien indica que la obra en su estructura se encuentra en un 100 por ciento, a falta únicamente de los acabados finales.
“Estamos tranquilos porque contamos con toda la documentación y autorización requerida, y esperamos comenzar a entregar los apartamentos el primer trimestre del año en curso”, puntualizó.
Una opinión muy diferente tiene el actual secretario de Planeación Distrital, Francisco García, quien confirmó que el proyecto Samaria fue construido con irregularidades y dijo no entender las razones que motivaron a Lianeth Saumet, funcionaria encargada de esta cartera en la época, a otorgar el permiso a una obra con exigencias físicas que desbordan la disponibilidad de servicios públicos en esa zona planificada con claridad por las normas urbanísticas para unas redes menores de acueducto, alcantarillado y electricidad.
El funcionario aseguró que Samaria al doblar el tamaño de edificaciones permitidas en el sector, genera una mayor exigencia del suelo y podría ocasionar una crisis en el suministro de agua, luz y alcantarillado.
Precisó que “no existe ningún vacío en la norma que permita que las torres hayan sido levantadas con nueve pisos de más, y que no respeten la distancia de construcción del acuífero existente, donde hay un complejo de piscinas y que por ser borde marino en las manzanas ubicadas sobre la playa se pueda construir 5 pisos en altura y existan 12 pisos, sin contar que la última torre duplica de igual forma el tamaño definido con un total de 20 pisos”.
Pero además el funcionario, sostuvo que las faltas urbanas cometidas por Samaria fraccionan la ciudad creando complejos lujosos sin accesos que conllevan a privatizar las playas y su entorno.
Por todas las anomalías que presenta la enorme estructura, la Secretaría de Planeación Distrital, inició una investigación para determinar los responsables que estarían detrás de la autorización del proyecto y adoptar las medidas respectivas.
“Estamos recopilando antecedentes a fin de estudiar punto a punto el caso, y establecer cómo se expidió la licencia y si hay lugar a suspenderla”, expresó García, quien dijo que pondrá sobre aviso a las autoridades competentes para que aplica las sanciones legales que haya lugar a los implicados.
Finalmente anotó que “lamentablemente tenemos un POT que tiene algunas dualidades en la norma, que yo me atrevería a decir que habían personas expertas que las conocían y aprovechaban para hacer una lectura a conveniencia y aprobar licencias que van en detrimento de las finanzas del Distrito y la calidad de vida de los habitantes”.
