La medida es provisional y no significa que el sombrero haya sido descartado como patrimonio cultural. El alto tribunal estudia si el Ministerio de Cultura tenía competencia para reconocerlo mediante una resolución y si se cumplió el procedimiento establecido por la ley.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de la resolución mediante la cual el Ministerio de las Culturas reconoció el sombrero que perteneció a Carlos Pizarro Leongómez como patrimonio cultural de la Nación y ordenó su inclusión en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural.
La decisión, sin embargo, no constituye una determinación definitiva sobre el valor cultural del objeto. Se trata de una medida cautelar adoptada mientras avanza el proceso judicial en el que se deberá establecer si la resolución expedida por el Ministerio se ajustó a la ley.
El problema estaría en la forma como se hizo el reconocimiento
Uno de los principales cuestionamientos analizados por el alto tribunal está relacionado con las facultades que tenía el Ministerio para realizar directamente ese reconocimiento mediante una resolución.
Según el análisis preliminar, la legislación establece un procedimiento específico para la declaratoria de bienes de interés cultural del ámbito nacional y contempla la participación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, cuyo concepto favorable hace parte de ese trámite.
El Consejo de Estado considera, en esta etapa inicial, que las normas invocadas por el Ministerio no le otorgaban la facultad para reconocer directamente el sombrero como patrimonio cultural mediante el mecanismo utilizado en 2024.
No significa que el sombrero no pueda ser patrimonio
La suspensión provisional no equivale a una decisión definitiva sobre si el sombrero puede o no recibir protección como patrimonio cultural de la Nación.
Lo que está bajo discusión es la legalidad del procedimiento utilizado para otorgarle ese reconocimiento. La decisión de fondo será adoptada posteriormente, una vez avance el proceso judicial y se analicen los argumentos y pruebas de las partes.
La diferencia es relevante porque la declaratoria de un bien como de interés cultural implica un régimen especial de protección, conservación y manejo. Dependiendo del caso, incluso puede requerir instrumentos como un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).
