La alta corte ratificó las medidas cautelares obtenidas por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha y ordenó a la CREG adoptar acciones para corregir los factores que han elevado el costo del servicio de energía en la región.
Los usuarios del servicio de energía en la región Caribe recibieron un nuevo respaldo judicial luego de que el Consejo de Estado confirmara las medidas cautelares dentro de la acción popular promovida por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, con el objetivo de frenar el impacto de las altas tarifas y proteger los derechos de los consumidores.
La decisión mantiene vigente la orden impartida inicialmente por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, además, refuerza las obligaciones del Ministerio de Minas y Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), para que adopten soluciones que permitan corregir los problemas estructurales que han elevado el valor de las facturas de energía en el Caribe colombiano.
En su análisis, el Consejo de Estado concluyó que existe una amenaza real sobre los derechos colectivos de los usuarios, al considerar que las tarifas han presentado un incremento sostenido, especialmente entre 2021 y 2022, debido principalmente al componente tarifario relacionado con las pérdidas de energía.
El alto tribunal también advirtió que el aumento del Índice de Pérdidas Totales (IPT), asociado al rezago en inversiones para modernizar la infraestructura eléctrica, ha impedido reducir esos costos, trasladando esa carga económica a los usuarios y afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.
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Como parte de las órdenes impartidas, la CREG deberá avanzar en la implementación de medidas para modernizar la red eléctrica, fortalecer los sistemas de medición del consumo, combatir el fraude y las conexiones ilegales, verificar que las pérdidas reportadas por los operadores correspondan a la realidad y reducir el peso que este componente tiene dentro de la fórmula tarifaria.
Además, el Consejo de Estado ordenó que la variación de las tarifas en la región Caribe sea proporcional al promedio nacional, con el propósito de disminuir las diferencias que durante los últimos años han afectado a millones de usuarios.
La Personería Distrital de Santa Marta destacó la decisión como un importante respaldo a la defensa de los derechos colectivos de los ciudadanos y aseguró que continuará realizando seguimiento al cumplimiento de las órdenes judiciales, con la expectativa de que las medidas se traduzcan en una reducción real del costo del servicio para los habitantes de la región Caribe.
