Aunque la tutela del gobernador del Magdalena fue admitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, no se concedió la suspensión del fallo que anuló su elección por doble militancia, al no encontrar pruebas suficientes que justifiquen una medida urgente.
En un nuevo episodio del proceso judicial que enfrenta el gobernador del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, el Consejo de Estado, a través de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, decidió admitir una acción de tutela interpuesta por el mandatario, en la que solicita la nulidad del fallo que invalidó su elección por supuesta doble militancia política.
Sin embargo, la solicitud de suspensión provisional del fallo fue rechazada, por falta de pruebas que demuestren una vulneración evidente de sus derechos fundamentales.
En un nuevo episodio del proceso judicial que enfrenta el gobernador del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, el Consejo de Estado, a través de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, decidió admitir una acción de tutela interpuesta por el mandatario, en la que solicita la nulidad del fallo que invalidó su elección por supuesta doble militancia política.
Sin embargo, la solicitud de suspensión provisional del fallo fue rechazada, por falta de pruebas que demuestren una vulneración evidente de sus derechos fundamentales.
Elección anulada y tutela en curso
El pasado 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena para el período 2024-2027, por considerar que incurrió en doble militancia.
La sentencia anuló el formulario E-26 GOB, documento oficial que certificaba su elección tras los comicios del 26 de noviembre de 2023.
Ante esta decisión, Martínez, por medio de su equipo jurídico, interpuso una tutela alegando la violación de sus derechos fundamentales a la participación política, a ser elegido, al debido proceso, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva. Según su defensa, el fallo vulnera principios democráticos y afecta la voluntad popular.
Tutela avanza, pero sin suspensión del fallo
La magistrada Adriana Polidura Castillo, ponente del caso en la Sección Tercera, aceptó darle trámite a la tutela, lo que significa que el proceso continuará su curso legal.
No obstante, negó suspender temporalmente los efectos de la sentencia de la Sección Quinta, al considerar que las pruebas aportadas no demuestran, de forma clara y evidente, una afectación inmediata a los derechos del mandatario.
El auto judicial aclara que no se aprecia una “apariencia de buen derecho”, requisito fundamental para tomar medidas provisionales, y señala que se requiere conocer la versión de la autoridad judicial demandada, así como evaluar todas las pruebas.
