En audiencia pública, los legisladores anunciaron la instauración de quejas disciplinarias en contra de la superintendente de Servicios Públicos y contra el ministro de Vivienda.
El Gobierno Distrital, encabezado por la alcaldesa Virna Johnson, recibió un respaldo positivo por parte de la bancada alternativa del Congreso, quienes anunciaron que instaurarán una queja disciplinaria en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Vivienda por la ausencia al debate de control político debido a la intervención de la empresa Essmar.
En una sesión descentralizada, llevada a cabo en Santa Marta, los senadores informaron que crearán una comisión accidental para hacerle seguimiento a las acciones jurídicas que interpondrán la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Magdalena con relación a la “abusiva y autoritaria intervención” de la ‘Superservicios’.
El debate de control estuvo presidido por los senadores Antonio Sanguino, Israel Zúñiga, Aida Avella y Yezid García, y estuvieron ausentes la superintendente, Natasha Avendaño y el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quienes optaron por no participar de la sesión.
Ante esta situación, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, defendió la gestión realizada, al igual que la de sus antecesores.
“Aquí lo que quieren es privatizar nuevamente la Empresa de Servicios Públicos, porque no soportan que desde los Gobiernos del Cambio se haya creado empresa pública para los samarios”, indicó la mandataria distrital.
Intervención sin fundamentos
El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, explicó que las pruebas presentadas por Patricia Caicedo, quien se desempeñaba como gerente de la Essmar, indican que la empresa no está quebrada, por lo que no hay una razón de peso que sustente dicha intervención, que se hizo por la fuerza con miembros de la Esmad.
“Hay falacias y mentiras para justificar la intervención de la Essmar”, dijo el senador Sanguino, quien hizo un llamado al Gobierno Nacional porque “no puede ser que una Superintendencia intervenga la Essmar para proteger los intereses de particulares”.
Por su parte, la senadora Aída Avella indicó que el caso de Santa Marta es insólito, luego que el Gobierno decidió tomar el control de la empresa que presta el servicio desde 2019, en comparación a otras concesiones que duraron más de dos décadas prestando un servicio irregular.
“El acceso del agua es un derecho y no se puede mercantilizar como lo hicieron con la empresa Metroagua durante tantos años. Estamos exigiendo que cese la intervención”, aseguró la senadora de la Unión Patriótica.
En su intervención, Patricia Caicedo, explicó que la Essmar ha realizado diversas inversiones para el mejoramiento del servicio del acueducto, iniciando así el plan para la ampliación de la planta de tratamiento de El Roble para abastecer del líquido a más de 342 mil habitantes.
Mientras que gracias a la gestión de la alcaldesa Virna Johnson y el Gobernador Carlos Caicedo con la empresa Cenit se firmó el convenio para contratar los estudios y diseños de la planta El Curval.
“Hoy tenemos una intervención sin sustento técnico, ni jurídico y llena de falsedad”, argumentó Patricia Caicedo al desmentir las causales de intervención que adujo la Superintendencia de Servicios Públicos. Demostrando una vez más que la toma del control de la Essmar por parte del Gobierno Nacional es una acción para debilitar a los Gobierno del Cambio que han trabajado en la solución definitiva de la problemática del agua en Santa Marta.
