Indican que a diario son inmovilizados de 2 a 4 vehículos en la Bomba Zuka.
Los conductores de servicio especial de transporte en Santa Marta denuncian una presunta persecución por parte de las autoridades de tránsito y taxistas de la ciudad, quienes afirman que ellos ejercen sus servicios de forma ilegal.
Así lo dio a conocer uno de los líderes del gremio de los vehículos de placa blanca, quien afirma que diariamente son inmovilizados de 2 a 4 camionetas, por infracciones inexistentes.
“Hay un retén policial que están colocando siempre en Bomba Zuka en donde están inmovilizando vehículos porque el contratante del servicio no va en el carro y eso no es así. Están yéndose en contra de lo que dice la norma”, indicó Cesar Berdugo.
Cabe señalar que este tipo de transporte está reglamentado por el Ministerio de Transporte y recientemente se emitió el decreto 478 del 12 de mayo del 2021, donde se dejan en claro las modalidades de contratación.
Se permiten contratos para transporte de estudiantes, transporte empresarial, transporte de turistas, transporte de particulares y transporte de usuarios de servicios de salud.
Sin embargo, los transportadores de la ciudad indican que viven a diario una persecución, donde las autoridades presuntamente se alían con los taxistas para no dejarlos trabajar.
“Todo esto a raíz porque nosotros estamos viviendo una persecución por parte del gremio de taxistas porque según ellos nosotros somos unos taxis, pero eso es falso porque nosotros no hacemos carreras urbanas”, agregó el líder.
Es por ello que, en la mañana de este martes, decenas de conductores realizaron un plantón pacífico en la Bomba Zuka, para exigirle a las autoridades garantías para poder ejercer libremente su derecho al trabajo.
Esta manifestación dio como resultado que se organizara una reunión con las autoridades de tránsito para evaluar lo que ha venido sucediendo.
Sin embargo, el llamado que hacen desde el gremio de conductores de servicio especial es a que se les permita desarrollar su actividad, ya que manifiestan, también tienen obligaciones con sus familiares y esta presunta persecución está afectando directamente sus bolsillos.
