Una millonaria indemnización tendrá que pagar el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación por la muerte de una líder social del departamento del Magdalena que pidió protección a las autoridades por amenazas contra su vida pero fueron negadas.
Los hechos ocurrieron cuando la víctima en septiembre de 2002, presentó ante el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía un escrito en el que denunciaba amenazas contra su vida y su núcleo familiar. Posteriormente, en octubre del mismo año presentó ante el Ministerio del Interior una solicitud formal de ingreso al programa de protección, la cual fue rechazada cinco meses después, puesto que, según la entidad, no se encontró relación entre las presuntas amenazas y la actividad que esta desarrollaba.
El 23 de septiembre de 2005 la señora fue asesinada en su residencia de Ciénaga, Magdalena, por integrantes de un grupo armado al margen de la ley, según denunciaron testigos, en ese mismo año sus familiares interpusieron la demanda contra el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación.
La Sección Tercera del Consejo de Estado evidenció que la víctima desarrollaba labores en beneficio de personas desplazadas en la Zona Bananera y Pueblo Viejo, lo cual deja claro que fue amenazada en razón del servicio comunitario al que se dedicaba.
Para dar cumplimiento al fallo, se ordena al Ministerio del Interior y a la Fiscalía a pagar más de 600 millones de pesos de indemnización a la familia de la víctima. La primera tendrá que asumir el 70 % y la segunda el 30 % restante del monto total.
Del mismo modo el alto tribunal también le pidió a la Procuraduría General que investigue la pérdida del expediente de este caso que fue reportada por la Fiscalía, y exhortó a esta última para que reabra el caso, teniendo en cuenta que se cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
