La sentencia cobija al empresario Héctor Mario Díaz, dueño del complejo vacacional, y a Margarita Perdomo, quien era su directora jurídica.
En las últimas horas el Juzgado 4 Penal encontró pruebas de que los condenados, Héctor Mario Díaz y Margarita Perdomo, indujeron en error a las autoridades administrativas, valiéndose para ello de falsas declaraciones rendidas por los empleados del Irotama ante el Notario de Santa Marta, lo cual ocurrió en el marco del trámite de expedición de una licencia de construcción por parte de la empresa HECOL.
El Juez en su decisión indicó que Rubén Darío Sossa, Carmen Cecilia Parra y José Alfredo Noche fueron condenados por falsas declaraciones rendidas ante la Fiscalía General de la Nación en el 2007, en las que afirmaron nunca haber visto la mencionada valla, contrario a la realidad de acuerdo con lo que se probó dentro del proceso.
Los implicados deberán pagar una pena de 7.5 años bajo el sistema de vigilancia electrónica, además del pago de una multa de 400 SMLV, inhabilidad para ejercer funciones o cargos públicos, y el pago de una caución de 10 millones de pesos para poder tener el beneficio del subrogado de vigilancia electrónica.
Al final de la audiencia, la defensa de los condenados apeló la decisión del Juez, la cual deberá ser resuelta ahora por la Sala Penal del Tribunal del Magdalena, pues, señalan que el proceso presentó varias inconsistencias como “contradicciones en los testimonios de los testigos y algunos han tenido relación laboral o comercial con el demandante”.
Asimismo, “la prueba reina presentada es una fotocopia de una fotografía de un aviso, cuyo original nunca pudo ser examinado ni validado por un perito y proceso había sido archivado dos veces por fiscales diferentes y, curiosamente, fue retomado con premura e inusual agilidad por una tercera fiscal que, contrario a sus predecesores, valoró el asunto como grave y peligroso”.
Finalmente, el equipo jurídico de Díaz señaló que presentará recursos legales para restablecer sus derechos y que este proceso se trata de un “acoso judicial entablado con el único propósito de causar daño a su honra y patrimonio”.
Se espera que, la decisión de segunda instancia ocurra antes del mes de noviembre del 2024, ya que, en esta fecha prescribirán todos los delitos, y los condenados podrían quedar exentos de sanción.
