El exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, condenado por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, pidió un cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este martes presentó la solicitud formal ante el Tribunal Superior de Bogotá para que se traslade a la JEP el caso y para que se revise la condena en su contra por el crimen de Jaime Garzón.
Argumenta que la muerte del periodista fue un hecho relacionado con el conflicto armado y que por ello puede ser examinado en la JEP. Como parte de los beneficios, en caso de ser aceptado, es que puede recibir la libertad condicional.
Según la defensa de Narváez, él es un tercero dentro del conflicto armado ya que, asegura, nunca perteneció a ningún grupo al margen de la ley. Por eso está accediendo a un sometimiento voluntario, tal y como estableció la Corte Constitucional que aplicaba para los terceros que estuvieran interesados en acceder a esa justicia.
Narváez también sostiene que su investigación se inició dentro del marco de Justicia y Paz, pues el proceso en su contra por el asesinato de Jaime Garzón arrancó después de las declaraciones del exjefe paramilitar Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, quien aseguró que Narváez se reunió con Carlos Castaño entre 1996 y 2001.
Personas cercanas a Narváez aseguran que al llevar su caso a la JEP no están buscando impunidad, sino “abrir nuevas líneas de investigación” y permitir que se mantengan las investigaciones por este y otros hechos.
Al someterse a la JEP los otros casos en su contra que están en la justicia ordinaria también pasarían a esa jurisdicción. Por eso, la defensa de Naerváez pedirá que los procesos por la muerte del excongresista Manuel Cepeda Vargas, o por los seguimientos ilegales contra la exsenadora Piedad Córdoba y la periodista Claudia Julieta Duque, pasen también a la JEP.
En todo caso, la decisión sobre su aceptación en la JEP y la posibilidad de que quede libre tendrá que ser definida por los magistrados de la jurisdicción de paz.
Otros de los mencionados en la investigación por la muerte del periodista el 13 de agosto de 1999 que han pedido cupo en la JEP son el coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo, señalado de hacer seguimientos a Garzón, y el general (r) Rito Alejo del Río, quien para el momento de los hechos era superior de Plazas Acevedo.
Aunque el general Rito Alejo no ha sido vinculado formalmente al proceso contra Garzón, en septiembre de 2017 quedó en libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá aceptó su solicitud para someterse a la JEP. Del Río tiene una condena de 25 años de cárcel por uno de los homicidios cometidos por los paramilitares en la toma de Urabá en 1997 y es investigado por la masacre de Mapiripán.
En cuanto al coronel (r) Plazas Acevedo, el 2 de agosto del año pasado firmó un acta de compromiso para someterse a la JEP, y en febrero de este año ante un juez especializado la Procuraduría y la Fiscalía seguían pidiendo su condena en el proceso que se lleva en la justicia ordinaria por el asesinato del humorista.
Narváez, quien espera que su solicitud sea aceptada, había sido condenado a 30 años en primera instancia. Sin embargo, el pasado 19 de julio el Tribunal Superior de Bogotá bajó su pena a 26 años y seis meses de prisión y consideró que la Fiscalía nunca se centró en demostrar que el crimen cometido contra Jaime Garzón era un delito de lesa humanidad. Esa categoría le fue quitada en esa última decisión judicial.
Veinte años después del crimen del periodista han sido condenados el exjefe paramilitar Carlos Castaño y el exdirector del Das, José Miguel Narváez, quien según la sentencia, instó a Castaño a asesinar a Garzón.
Víctimas esperan verdad
Sebastián Escobar, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante de la familia, sostuvo que esperan que se cumpla con el objetivo de esa jurisdicción y se llegue a todos los responsables por el crimen.
“El Sistema dispone de unos beneficios a los comparecientes que cumplan con determinados condicionamientos, entre ellos, aportar a la verdad de manera completa que incluye aportar información sobre máximos responsables y resarcir la dignidad de las víctimas mediante los mecanismos de justicia restaurativa”, señaló el abogado.
Y añadió: “Consideramos que la decisión de José Miguel Narváez debe ser acorde con este compromiso y aportar una verdad que permita a la sociedad colombiana y a las víctimas conocer quiénes planearon, dieron las órdenes y tenían intereses en la comisión de este crimen”.
La periodista Claudia Julieta Duque, quien fue torturada sicólogicamente por el Das, dijo que la solicitud de Narváez para someterse a la JEP es un “un intento claro de dilación por parte subdirector del Das hoy convicto asesino del periodista y humorista Jaime Garzón”.
Aseguró que si “realmente quisiera decir la verdad lo hubiera podido hacer en la jurisdicción ordinaria, donde su caso ha durado muchísimos años”. Añadió que lo que se ha visto a lo largo de los procesos en los que está involucrado son “maniobras dilatorias, que van desde el llanto y el desmayo” y que lo que tiene es “un discurso elaborado de un supuesto montaje en su contra”.
Frente al proceso en el que ella es víctima señaló que considera que someterlo a la JEP es una “aberración jurídica, por cuanto la tortura a un periodista no puede considerarse como parte del conflicto armado”, señaló. “Me opondré como víctima a que la JEP conozca y se declare competente en el caso de Narváez”, concluyó.
