Los debates se desarrollarán durante diciembre, con la expectativa de que las decisiones adoptadas contribuyan al ordenamiento administrativo y financiero del Distrito de Santa Marta.
El Concejo Distrital de Santa Marta instaló este lunes el periodo de sesiones extraordinarias convocado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello mediante el Decreto 512 del 28 de noviembre de 2025. La corporación deberá estudiar y votar tres proyectos de acuerdo catalogados como esenciales para el equilibrio financiero, administrativo y social del Distrito.
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Facultades para vigencias futuras
El primer proyecto en la agenda busca otorgar facultades precisas y temporales al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias, herramienta necesaria para garantizar la financiación de programas de inversión y funcionamiento. La Mesa Directiva designó al concejal Jaime Alonso Linero Pérez como ponente del primer debate y al concejal Jorge Arguelles Goenaga para el segundo.
Ajustes al Impuesto de Industria y Comercio
La segunda iniciativa contempla la modificación del Acuerdo 004 de 2016 con el propósito de actualizar el régimen del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). La Administración Distrital considera que esta reforma es necesaria para modernizar la estructura tributaria y mejorar la capacidad de recaudo. El primer debate estará a cargo de la concejal Jenny Carolina García Morillo y el segundo será adelantado por el concejal José Alfredo Ordoñez Gutiérrez.
Subsidios y contribuciones en servicios públicos
El tercer proyecto establece los factores de subsidio y contribución para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, recursos destinados al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso del Distrito. La concejal Alejandra Santos Durán fungirá como ponente del primer debate y el concejal Juan Carlos Esmeral Ternera asumirá el segundo.
La normativa interna del Concejo fija en diez días el plazo para la presentación de las ponencias. Con el inicio formal de este periodo extraordinario, la corporación entra en una fase decisiva para la evaluación de iniciativas que, según la Alcaldía, resultan determinantes para garantizar la estabilidad fiscal, fortalecer la gestión pública y asegurar la continuidad de proyectos y programas que impactan directamente a los ciudadanos.
