Tal vez confiado de recuperar pronto su libertad, el indiciado se mostró tranquilo y sin remordimiento alguno por haberle quitado la vida a dos jóvenes.
Con una sonrisa en su rostro, sin remordimientos y la frialdad que caracteriza a un asesino, fue reseñado por la Policía Metropolitana, Howall Tarragona Granados, presunto sicario que acabó con la vida de Juan David Arroyo y Keiner Orozco en la tarde de este lunes 30 de diciembre en la calle 30 a la altura del barrio Manzanares, sur de Santa Marta.
El joven de 21 años y quien parece burlarse de las autoridades, fue capturado minutos después de disparar contra los dos jóvenes, gracias a la información entregada por la comunidad y la rápida reacción de los patrulleros de la Policía Metropolitana.
Según informes oficiales, el hecho se dio luego de que la ciudadanía señalara a la patrulla de vigilancia a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta FZ color negra y las características de las prendas que vestían, inmediatamente los uniformados procedieron a darle alcance, pero estos al notar la presencia policial emprenden la huida.
Sin perderlos de vista, los uniformados iniciaron una persecución en la que los sujetos comenzaron su escape por el sector de la Avenida del Río. Al llegar a ese punto, descendieron de la motocicleta y continuaron su huida a pie, dirigiéndose hacia diferentes direcciones.
Ante esta situación, la patrulla de vigilancia descendió de la motocicleta e intentó dar alcance a uno de los sujetos, a quien no perdieron de vista. Este, mientras arrastraba la motocicleta en la que se transportaba hacia un parqueadero, fue alcanzado por los uniformados. Al lograr abordarlo, le solicitan que se detenga y le realizaron un registro a persona, encontrándole en su poder un teléfono celular y la motocicleta con la que se desplazaba.
Cabe resaltar, que en ese preciso momento el capturado manifestó voluntariamente: “yo soy el que asesino a esas personas de la 30”. Ante esta confesión, los uniformados realizan la materialización de la captura por el delito de homicidio, dejándolo a disposición junto con los elementos incautados a la autoridad competente, donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial.