Los accionantes aseguran que la demora en la convocatoria constituye una “lesión grave a los derechos fundamentales”.
Dos abogados de Santa Marta interpusieron una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para exigir a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior que convoquen, de manera inmediata, a elecciones atípicas en el Magdalena, tras la anulación de la credencial del gobernador Rafael Alejandro Martínez por incurrir en doble militancia.
Los juristas Camilo José David Hoyos y Rubén Darío Ceballos Mendoza, junto al ciudadano Luis Alberto Riascos Rojas, en calidad de coadyuvantes del demandante Hernando Zabaleta Echeverry, buscan que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y al sufragio universal, los cuales consideran están siendo vulnerados por la falta de convocatoria a nuevos comicios.
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En su demanda, los abogados piden que se ordene a la Presidencia y al Ministerio del Interior que, en un plazo máximo de 48 horas después de notificada la decisión judicial, fijen la fecha para realizar las elecciones atípicas que permitan elegir a un nuevo gobernador del departamento. Además, solicitan que se exhorte a estas entidades para que, en el futuro, se abstengan de incurrir en omisiones que puedan afectar derechos fundamentales.
Los accionantes aseguran que la demora en la convocatoria constituye una “lesión grave a los derechos fundamentales”, pues mantiene al departamento en una situación de indefinición jurídica y vulnera la igualdad de los ciudadanos frente a otros procesos en los que sí se ha dado cumplimiento oportuno a sentencias similares.
“Lo único que se ha cumplido con esa sentencia fue la designación de la señora Ingris como gobernadora encargada en reemplazo del ciudadano Rafael Alejandro Martínez, no así la convocatoria a nuevas elecciones o elecciones atípicas, pese a que se reúnen los presupuestos de orden constitucional y legal para ello”, advirtieron los demandantes.
De acuerdo con su argumentación, ya han transcurrido casi dos meses desde que la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, quedó ejecutoriada el pasado 30 de julio de 2025, sin que las autoridades nacionales hayan fijado la fecha para el proceso electoral
