Líderes y lideresas de las comunidades campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta han solicitado al Gobierno Nacional retomar los diálogos socio-jurídicos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
A través de un manifiesto compuesto por seis puntos, las comunidades reclaman una respuesta clara y coherente que garantice la protección de la vida e integridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que habitan en esta región, actualmente en disputa entre dos grupos armados ilegales.
Dentro de sus exigencias, destacan la instalación urgente de un mecanismo de verificación independiente, conformado por entidades como la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y representantes de la sociedad civil. Además, piden que se formalice la prórroga de la Resolución 300 del 1 de agosto de 2024, que habilita los espacios de diálogo con las ACSN.
Los firmantes del manifiesto solicitan también la creación de procedimientos claros para cada fase del proceso de paz, asegurando la participación activa de las comunidades en el territorio, así como el establecimiento de condiciones para un eventual sometimiento a la justicia por parte de las estructuras armadas ilegales.
Ante la creciente inseguridad en la zona, instan al Ministerio de Defensa y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a coordinar acciones efectivas que salvaguarden a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Llamado al liderazgo institucional
Otro de los puntos del documento llama la atención sobre la necesidad de establecer canales de comunicación con la Gobernación del Magdalena, con el fin de evitar interferencias en la política de Paz Total. Señalan que, hasta el momento, el gobernador Rafael Martínez no ha manifestado un respaldo claro a esta iniciativa presidencial.
Asimismo, proponen que el presidente de la República designe a un ministro o ministra que asuma la coordinación interinstitucional entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y los organismos internacionales de cooperación. Este liderazgo, según indican, debe contar con herramientas presupuestales claras para cumplir los compromisos con las comunidades, permitiendo que la Oficina del Comisionado de Paz se concentre exclusivamente en los diálogos con las estructuras armadas.
En cuanto al desarrollo de los diálogos sociales, solicitan que las personas designadas por sus propias organizaciones sean incluidas como facilitadoras. Esto, aseguran, garantizará representatividad, legitimidad y transparencia, evitando la fragmentación o suplantación de los liderazgos y organizaciones territoriales.
Finalmente, las comunidades reiteran su compromiso con la paz, pero insisten en la necesidad de respuestas estructurales y eficaces para superar la actual crisis.
“Estamos dispuestos a reanudar los diálogos sociales cuando el Gobierno Nacional, con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, atienda nuestras peticiones”, concluye la comunicación.
