Colombia

Colombia no tiene marco administrativo para el manejo de aguas termales: Procuraduría

En el territorio nacional existen un total de 135 fuentes termales, ubicadas en 51 municipios del país.

La Procuraduría General de la Nación advirtió que, a la fecha, el país no cuenta con una norma expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que estipule los límites definidos para los vertimientos de las aguas termales a las fuentes hídricas como ríos, manantiales, riachuelos, arroyos. 

En acción preventiva, el Ministerio Público elaboró un informe sobre la gestión manejo, uso y administración de las aguas termales, seguimiento que permitió establecer que la inexistencia de una regulación y lineamientos definidos, dificultan la labor de las 15 Corporaciones Autónomas Regionales encargadas de otorgar las concesiones para autorizar su uso y aprovechamiento.

El estudio también reveló que actualmente existen en el país 135 fuentes termales, ubicadas en 51 municipios del país y que registran una ocupación total de 9.295,67 hectáreas en todo el territorio nacional.  El informe “Gestión de las Aguas Termominerales en Colombia, por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales 2022”, también reveló que, solo el 21,4 % de las Corporaciones Autónomas Regionales, responsables de la administración de las aguas termales, han realizado caracterizaciones de tipo fisicoquímicas, microbiológicas e hidrogeológicas de las aguas; mientras que el 78,5% restante no las han efectuado, lo que pone en alto riesgo la preservación y adecuada gestión de las condiciones de las fuentes hídricas en el país.

En ese sentido, la Procuraduría afirmó que es fundamental que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como cabeza del Sistema Nacional Ambiental – SINA-, genere los lineamientos de política y la regulación requerida para el manejo, gestión y administración de las aguas termales del país.

Finalmente, el ente de control precisó que compartirá con las instituciones del SINA, los resultados del informe para las actuaciones que aseguren la disponibilidad, conservación y aprovechamiento sostenible de esta fuente de energías limpias y renovables, vitales para el futuro energético y el cumplimiento de los compromisos del país, para hacer frente al cambio climático, que tantos problemas ambientales, sociales y económicos le está generando a países como Colombia.

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