La campaña del aspirante a la Gobernación del Magdalena, Miguel Ignacio Martínez, enfrenta cuestionamientos éticos y legales luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abriera una investigación por una posible inhabilidad, tras haber sido elegido previamente como concejal de Santa Marta. La ciudadana Zunilda María Galván presentó la denuncia y el organismo ya ordenó la práctica de pruebas.
La investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el candidato a la Gobernación del Magdalena, Miguel Ignacio Martínez, ha generado controversia en distintos sectores políticos y sociales del departamento. La apertura del proceso se fundamenta en una presunta inhabilidad, pues el aspirante habría sido elegido previamente como concejal de Santa Marta para el periodo 2024–2027, lo que coincidiría con el periodo de la Gobernación para el cual busca ser elegido.
El proceso fue avivado tras la denuncia formal presentada por la ciudadana Zunilda María Galván Castilla, quien sostiene que Martínez no habría renunciado de forma válida oportuna a su cargo en el Concejo Distrital antes de inscribirse como candidato a la Gobernación, lo que contraría la Constitución Política, que prohíbe que una persona ejerza o aspire a más de un cargo de elección popular con periodos simultáneos.
A raíz de esta denuncia, el CNE expidió el Auto del 27 de octubre de 2025, mediante el cual avoca conocimiento y ordena la recolección de pruebas. El expediente CNE-E-DG-2025-025560 quedó en manos del magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga, quien solicitó información al Concejo de Santa Marta y a la Registraduría para determinar si hubo renuncia formal y en qué fecha se produjo.
Debate ético y político
Más allá de la norma, la situación abrió un debate sobre la coherencia y la moralidad pública. Para la denunciante, la decisión de Martínez “traiciona el compromiso adquirido con los electores de Santa Marta”, quienes le otorgaron su voto para que ejerciera como concejal. Según sus argumentos, la candidatura refleja ambición personal por encima del mandato ciudadano.
Sectores de opinión afirman que el episodio “pone en entredicho la transparencia en la campaña” y cuestionan si un aspirante puede aspirar a gobernar todo un departamento cuando aún no ha cumplido la tarea para la que fue escogido inicialmente.
Es importante destacar que el auto del CNE no constituye sanción, pero sí marca un precedente en medio de la campaña para las elecciones atípicas del próximo 23 de noviembre, donde cada movimiento puede influir en la opinión pública.
Mientras avanza la investigación, el panorama político del Magdalena se mantiene en tensión y, entre la ciudadanía, se repite una misma pregunta:
¿Puede gobernar quien no ha cumplido con el compromiso que ya le otorgó el pueblo?
