Durante la conferencia de prensa se trataron temas como La Paz, víctimas y derechos humanos en esta zona del país.
El gobernador electo del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo y el Senador de la república, Iván Cepeda exigen al gobierno nacional acciones contundentes para combatir los actos violentos protagonizados por los grupos criminales en el Magdalena.
Cepeda, quién ha tenido anteriores reuniones con Carlos Caicedo, ha venido planteando discusiones en debate de control político la falta de acciones ante la violación a los derechos humanos de las víctimas por parte de grupos armados.
Durante su intervención, el gobernador electo indicó que “necesitamos pedir un informe detallado a las fuerzas militares y a la policía sobre la presencia de grupos paramilitares, saber cuáles acciones están planificadas para desmantelar estás estructuras y evitar que se les violen los derechos humanos a las comunidades indígenas o que haya asesinatos”.
“Durante décadas las comunidades no han encontrado solución, tampoco quién los direccione, esperamos crear una seccional de la Justicia Especial para La Paz (JEP) en el departamento, teniendo en cuenta que hay que esclarecer los hechos dónde han desaparecido personas, las muertes, la violencia, y evitar que vuelvan ocurrir estos casos; tenemos información de que hay grupos criminales, pero vamos a oficializar”, manifestó.
El senador Iván Cepeda actualmente está en la segunda comisión del Senado, y en reiteradas ocasiones manifestó que ha colocado como el ejemplo del actuar del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD), en contra de quienes se movilizan, entre algunos de los planteamientos ante el gobierno Duque es que la política de seguridad se discuta.
“Estoy de acuerdo con que se acabe está institución, porque lo que hacen es practicar acciones en contra de quiénes salen a movilizarse, la idea es apoyar a la jurisdicción especial para la paz” aseguró Cepeda.
En cuanto a la reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso de la república, el senador señaló que “esto hace que el peso se siga descargando sobre las personas que tienen menos ingresos en Colombia, y es una bofetada al pueblo colombiano. La reforma tiene un impacto sobre las políticas esenciales del gobierno, consideramos también que el proceso de paz tiene una desfinanciación, vamos a examinar con lupa el texto final de la reforma y a demandar cada uno de los artículos, consideramos es inconstitucional”.
