La intervención estatal busca frenar las extorsiones que forzaron el cierre del Tayrona, dejando en incertidumbre a trabajadores, operadores turísticos y comunidades que dependen del parque.
El Gobierno Nacional ordenó el despliegue de un escuadrón especializado de Carabineros en el Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en jurisdicción de Santa Marta, con el propósito de restablecer la seguridad y recuperar el control institucional tras denuncias de amenazas, cobros ilegales y presiones atribuidas a estructuras armadas ilegales.
La medida responde a una instrucción directa del presidente Gustavo Petro, en medio de la preocupación por la situación de orden público dentro de esta área protegida, donde comunidades locales, trabajadores del ecoturismo y habitantes han reportado intimidaciones que afectan el desarrollo normal de sus actividades y la estabilidad del territorio.
Las autoridades nacionales confirmaron que el operativo busca fortalecer la presencia del Estado en uno de los parques naturales más representativos del país, actualmente afectado por la suspensión temporal de actividades turísticas, situación que ha impactado de forma directa la economía de numerosas familias que dependen del flujo de visitantes.
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Denuncias de extorsión y presencia ilegal
De acuerdo con información oficial, las investigaciones apuntan a que grupos armados estarían ejerciendo presión sobre quienes desarrollan actividades económicas dentro del parque, mediante exigencias de dinero y amenazas para mantener control sobre ciertas zonas.
Entre las estructuras señaladas figura el grupo conocido como ‘los Pachenca’, organización criminal que, según las autoridades, tendría injerencia en el territorio y estaría vinculada a actos de intimidación contra operadores turísticos, residentes y trabajadores informales.
Este contexto llevó al fortalecimiento de la presencia policial mediante unidades de Carabineros y personal de Protección Ambiental, con el fin de prevenir delitos, proteger a las comunidades y garantizar condiciones de seguridad en el área.
Intervención con control territorial y acompañamiento comunitario
El plan operativo contempla acciones orientadas al control del ingreso y salida de personas, patrullajes permanentes en puntos estratégicos, verificación de posibles focos de riesgo y acompañamiento a las comunidades asentadas dentro del parque.
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Asimismo, las autoridades buscan restablecer la confianza institucional y evitar que actores ilegales continúen ejerciendo influencia sobre el territorio, mediante una estrategia que combina presencia operativa, prevención y articulación con los habitantes de la zona.
Impacto económico por el cierre del parque
El despliegue de las unidades coincide con el cierre temporal del Tayrona, medida que ha generado afectaciones económicas en sectores que dependen del turismo ecológico, incluyendo guías, transportadores, comerciantes y prestadores de servicios.
La suspensión de actividades ha dejado sin ingresos a numerosas familias, mientras avanzan las acciones oficiales para garantizar condiciones seguras que permitan la reapertura del parque.
El Gobierno Nacional aseguró que el objetivo es recuperar el control institucional, proteger a las comunidades y restablecer el funcionamiento del área natural bajo condiciones que permitan el desarrollo de actividades legales y seguras.
De manera paralela, continúan las investigaciones judiciales para identificar a los responsables de las amenazas y desarticular las estructuras criminales que operan en la zona, en un esfuerzo por restablecer el orden público y preservar uno de los principales patrimonios naturales del Caribe colombiano.
