La Dijin fue la encargada del operativo.
Las autoridades colombianas capturaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a un ciudadano mexicano identificado como Edmundo Arciniega Calzada, que es pedido en extradición por la Justicia de Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico, informaron este lunes fuentes policiales.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía de Colombia señaló que la captura se realizó con la coordinación de la Fiscalía General del país y la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA).
Arciniega, conocido con el alias de “El Flaco”, tenía en su contra una circular roja expedida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que utiliza ese organismo para solicitar la detención preventiva de una persona con miras a la extradición.
Según las autoridades, a Arciniega se le acusa de liderar una banda criminal dedicada al narcotráfico que compraba metanfetamina y heroína que posteriormente era distribuida en Estados Unidos y Europa, donde llegaba camuflada en buques de carga.
“Asimismo, se le señala de ser la persona encargada de realizar coordinaciones en Colombia con diferentes narcotraficantes para la compra de dichos estupefacientes, los cuales saldrían desde América del Sur hacia Centroamérica”, agregó la información.
Por estos hechos, Arciniega es pedido por el Tribunal del Distrito Sur de California, que lo acusa del delito de conspiración para distribuir 500 gramos o más de metanfetamina y un kilo o más de heroína.
El pasado 8 de agosto la Fiscalía colombiana informó de la captura de Aldemar Soto, un desmovilizado de las FARC solicitado en extradición por ese país norteamericano, en donde se le acusa de tráfico de estupefacientes.
Junto a Soto fue capturado Alfredo Molano Cuitiva, solicitados por la Corte de Columbia por tráfico de estupefacientes a nivel transnacional.
Soto, conocido con el alias de “El Ingeniero”, era integrante de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, una de las más violentas de la antigua guerrilla y se había acogido a la Justicia Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado en el país.
