La Fiscalía informó en un comunicado que un juez de la República expidió orden de captura en contra del exfiscal Antonio Luis González Navarro, como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
“Los hechos por los cuales es investigado ocurrieron el 12 de marzo de 2009 cuando el exfuncionario se desempeñaba como fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, en el suroccidente de la capital del país, y al parecer habría incumplido con sus deberes constitucionales de protección a una menor de 12 años, víctima de acceso carnal abusivo por parte de su padrastro, y por el cual quedó embarazada”, se lee en el boletín.
La captura se hizo efectiva en la tarde del pasado martes en Bogotá y en las próximas horas el exfuncionario será puesto a disposición de un juez de control de garantías en el Complejo Judicial de Paloquemao.
El jurista cienaguero fue el fiscal del caso Colmenares que introdujo al proceso los tres falsos testigos y también ejerció como abogado de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
En agosto del año pasado, este diario reveló una serie de aparentes irregularidades que se vendrían presentando en el proceso penal que se sigue contra la exmandataria de la península.
La Fiscalía puso de presente en su momento ante la Corte Suprema una llamativa negación del Tribunal Superior de Riohacha a la solicitud del ente investigador de cambiar la radicación del proceso, que se encontraba en un juzgado de Maicao, en La Guajira, a pesar de que había varios testigos locales amenazados, del poder político que aún ostenta Pinto en la región y del problema de orden público que se origina cada vez que un dirigente guajiro es cuestionado por corrupción.
Una de las perlas más singulares del caso, denunciaba la Fiscalía, tenía que ver con el hecho de que el juzgado de primera instancia remitiera al Tribunal la solicitud de cambiar el lugar del proceso el 19 de julio de 2017 y el recibido del Tribunal se suscribiera el 24 de julio y, sin embargo, el reparto hubiera sido efectuado el 21 de julio. Es decir, de acuerdo con el ente de control penal, se hizo el reparto del magistrado del caso antes de que el oficio del juzgado llegara al Tribunal. Pero lo peor es que, además, la misiva que enviaba el juzgado iba dirigida con nombre propio al magistrado Jaime Antonio Móvil Melo y, curiosamente, el reparto le correspondió al mismo togado.
