El proceso judicial dio un giro inesperado tras conocerse que las leyes venezolanas prohíben entregar a sus ciudadanos a la justicia colombiana.
El caso de Yulixa Toloza volvió a tomar un rumbo inesperado luego de conocerse que los tres capturados en Venezuela por su presunta participación en la muerte de la estilista podrían no ser extraditados a Colombia.
Aunque las autoridades colombianas lograron ubicar y capturar en territorio venezolano a María Fernanda Delgado, Edison José Torres y Eduardo David Ramos, señalados de estar vinculados al procedimiento estético clandestino y posterior desaparición del cuerpo de Yulixa, expertos penalistas advierten que el proceso judicial enfrentaría un enorme obstáculo legal.
De acuerdo con especialistas consultados y fuentes de la Dijín, la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente la extradición de ciudadanos venezolanos nacidos en ese país.
La Fiscalía colombiana habría invocado el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911 para solicitar formalmente la entrega de los sospechosos; sin embargo, el artículo 69 de la Constitución venezolana establece que los nacionales de ese país no pueden ser enviados a responder judicialmente ante otro Estado.
Le puede interesar: Hombre fue degollado presuntamente por sus inquilinos cuando cobraba el mes de arriendo
Bajo este escenario, el caso podría terminar siendo asumido directamente por la justicia venezolana mediante el principio de juzgamiento local, obligando a Colombia a enviar el expediente completo, videos, pruebas y demás elementos recopilados durante la investigación.
Según analistas jurídicos, otro de los grandes problemas radica en que algunos delitos imputados inicialmente en Colombia no tendrían equivalencia exacta en la legislación venezolana.
Entre ellos aparece el delito de desaparición forzada, que en Venezuela aplica principalmente para agentes del Estado o estructuras armadas vinculadas al poder, y no para particulares en contextos civiles. Además, figuras relacionadas con ocultamiento o destrucción de pruebas tendrían tratamientos jurídicos diferentes bajo el sistema penal venezolano.
Ahora, la esperanza de una eventual condena dependería principalmente del material probatorio recolectado por las autoridades colombianas, entre ellos registros de cámaras de seguridad del establecimiento Beauty Laser en el sector de Venecia, recorridos del vehículo Chevrolet Sonic y movimientos detectados en peajes y carreteras.
