El Gobernador señala que continúan los atropellos de la Fiscalía.
En respuesta a las acusaciones de la Fiscalía y el inicio del proceso de embargo de sus bienes, el Gobernador, Carlos Caicedo mostró la documentación de instrumentos públicos de cómo consiguió sus propiedades.
Caicedo expuso los años en los que fueron adquiridos sus bienes y dejó claro que no tienen nada que ver con la apropiación de dineros públicos sino por el fruto de su trabajo de varios años.
Así mismo, el abogado del gobernador Caicedo y el del exalcalde Martínez, Iván Cancino González ha cuestionado fuertemente esta actuación procesal, pues data de 2019 y no se entiende por qué el comunicado de prensa se emite un año después.
El apoderado también señala que tampoco se entiende la imputación en el comunicado de prensa por cuanto originalmente la investigación es por “peculado a favor de terceros” y no en beneficio propio; no obstante, los bienes que se incautan son propios.
Sobre los bienes de Caicedo
El texto detalla que los bienes del gobernador versan sobre tres inmuebles habitables, de los cuales uno es una casa de 70m2 ubicada en un barrio popular y construida en el marco del acuerdo de paz del año 1994, y habitada por su señora madre desde 1999. El segundo es un apto comprado sobre plano en el año 2003 de 80m2 y este posee dos depósitos 2×2 y su respectivo parqueadero, como se acostumbra a comprar este tipo de inmuebles. El tercero es un lote comprado durante su vigencia como alcalde con el dinero de la venta de una vivienda familiar adquirida en remate por el banco BBVA en el 2004, y al día de hoy construida con dos hipotecas bancarias vigentes. Los demás bienes relacionados en el comunicado de prensa son de propiedad de los demás procesados.
“Los bienes del gobernador fueron adquiridos con créditos e hipotecas en la primera década del siglo, cuando fungía como rector de la Universidad del Magdalena, por lo que no se entiende tampoco cómo podrían haber sido adquiridos con dineros públicos casi una década después, que es cuando se construyeron los puestos de salud y es este el proceso por el que anuncian la extinción de dominio”, señala la comunicación.
Aseguran que es falso lo que afirma el comunicado de la Fiscalía sobre los mismos, en el sentido que dichos centros de salud no habrían sido terminados excepto uno. La realidad es exactamente contraria, pues de cinco (5) centros proyectados se terminaron cuatro: i) La Candelaria; ii) Bastidas; iii) La Paz; y iv) Taganga. El centro pendiente de concluir es el de Mamatoco, cuya rectoría es de Supersalud desde 2018 al intervenir desde ese momento la ESE del distrito de Santa Marta.
Destaca que los contratos cuyas presuntas irregularidades investiga la Fiscalía, no fueron firmados por el gobernador Caicedo en su momento, sino por el gerente de la ESE Distrital.
“La Fiscalía seccional Santa Marta viola la presunción de inocencia al decir que los bienes relacionados se habrían sido adquiridos con dineros producto de irregularidades, pues ni el gobernador del Magdalena ni los demás procesados han sido vencidos en juicio y se mantienen garantías del debido proceso”, afirma.
Frente a la irregularidad en la investigación de la Fiscalía del Magdalena, el Gobernador Caicedo señaló que acudirá, a través de su apoderado Iván Cancino González, a instancias internacionales para la salvaguarda de sus derechos.
“Una vez se demuestre la inocencia en las actuaciones públicas de Carlos Caicedo y Rafael Martínez, así como la legalidad de sus bienes, Cancino buscará la insubsistencia, tal como ya ha sucedido en el pasado, de los funcionarios que de manera malintencionada han causado este nuevo perjuicio a los procesados y presentará la respectiva acción de repetición contra dichos procesados”, resaltó.
Finalmente, el gobernador ha insistido en que se observan evidentes motivaciones opacas de sectores políticos que han cooptado por años los entes de control en el nivel territorial, y que buscarían perjudicar, torpedear y obstruir su mandato. Al respecto, Caicedo refrendó su compromiso con los magdalenenses para ejecutar a cabalidad el mandato obtenido en las urnas, siempre abierto al escrutinio ciudadano y a la cooperación con las instituciones y la justicia.
