Los diputados del Magdalena aprobaron un proyecto de ordenanza para prohibir el uso del color, pero el gobernador asegura que es inconstitucional.
El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, objetó de forma parcial el Proyecto de Ordenanza 009 de 2021 por medio del cual se busca establecer una serie de restricciones en el uso del naranja en la actual imagen institucional de la administración departamental.
En el escrito de objeción, enviado a la presidenta de la Asamblea del Magdalena, Claudia Patricia Aarón, el Gobernador Caicedo explica que los artículos 6 y 8 del citado Proyecto de Ordenanza, aprobado el pasado 30 de julio son contrarios a la Constitución Política de Colombia y a las leyes que regulan la materia.
Lo anterior, dado que desde la Duma departamental se argumenta que el color naranja es representativo del movimiento Fuerza Ciudadana, del cual es líder el mandatario y no debe utilizar como imagen institucional, puesto que no representan los colores de la bandera del Magdalena.
Sin embargo, según el mandatario, en el artículo 300 de la Constitución Política Colombiana, que enlista las funciones de las Asambleas Departamentales, puede evidenciarse que esta corporación no puede intervenir, decidir, disponer, señalar o fijar en las entidades públicas del orden departamental los derroteros sobre la imagen institucional o imponer limitaciones a la misma, salvo las que el legislador ha previsto.
“En ningún aparte constitucional o legal se refleja que la Asamblea cuente con las facultades de coartar la autonomía que le asiste las entidades territoriales, verbi gracia, la Gobernación del Departamento del Magdalena, representado en este caso por la Gobernación, que goza de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, financiera, entre otros atributos”, destaca la objeción enviada por el gobernador Caicedo.
La objeción se centra en los articulo 6 y 8 del Proyecto de Ordenanza, cuya sanción se pretende por la Asamblea; “el análisis del contenido de estos artículos nos lleva a concluir que son claramente violatorios de la Constitución Política y la legislación vigente, puesto que la Asamblea se abroga competencias que no están otorgadas por ningún cuerpo normativo vigente,”, detalla la comunicación.
En ese sentido, la carta enviada enfatiza que el proyecto impone una prohibición que coarta la libertad de expresión de la entidad pública para estructurar su imagen institucional.
En otro apartado, el gobernador Caicedo explica que “no es dable que la Corporación persiga, a través de ordenanza, no solo inmiscuirse en temas que son propios de la Administración, sino que además pretenda usurpar funciones que están asignadas constitucionalmente al Congreso de la República”.
Finalmente, desde la Asamblea del Magdalena se deberá responder por la objeción enviada por el mandatario.
