El líder de Fuerza Ciudadana anunció que el miércoles de la otra semana se definiría el cronograma para la socialización de posibles cambios tarifarios y del prestador de energía en la Costa.
El Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) siguen sin cumplir a cabalidad con las mesas de trabajo impuestas por el Tribunal Administrativo del Atlántico en el marco de las dos medidas cautelares consistentes en no aumentar las tarifas de Electricaribe y no cambiar el operador del servicio de energía en la Costa sin la previa socialización con la comunidad de la región.
Siendo ese el motivo por el que el dirigente costeño Carlos Caicedo, quien acudió a dicho recurso popular, interpusiera ante el citado despacho judicial un incidente de desacato contra la Creg, al ser ese organismo el que “incidiría” de forma directa en la demora de la cartera nacional de Minas.
La iniciativa del principal vocero de Fuerza Ciudadana se dio luego de un nuevo encuentro de conciliación con los tres organismos del Estado, el cual se llevó a cabo en Barranquilla con la mediación de la Procuraduría 118 Judicial II Administrativa de esa capital, a cargo de Juan Antonio Spirko, quien ofició como garante.
La conciliación se efectuó en aras de programar las 28 concertaciones entre los usuarios de Electricaribe y las autoridades de los siete departamentos del litoral norte del país, tal como lo estableció el organismo de justicia por medio de la providencia notificada el pasado 18 de enero, sumándole que las cautelas exigen de minino un mes para ser cumplidas lo cual no se ha hecho.
“La Creg propuso dos audiencias presenciales –una en Barranquilla, otra en Cartagena- y el resto de forma virtual. Lo que evidentemente no satisface nuestra solicitud y mucho menos lo que fue amparado por el Tribunal. Buscamos que los alcaldes de todos los municipios del Caribe, los usuarios del servicio de energía y los vocales de control participen con propuestas sobre el tema tarifario y el futuro de la operación del servicio de Electricaribe. Por eso interpusimos un incidente de desacato porque hemos notado un proceso de: dilación, de no querer concretar el fallo y de no cumplir con los tiempos que están establecidos en el auto, de manera que esperamos un pronunciamiento por cuenta del Tribunal”, recalcó Caicedo.
PROCURADURÍA LE ‘JALA LAS OREJAS’ A LA SUPERSERVICIOS
Por su parte, la Comisión de Regulación apuntó que no cuenta con el presupuesto necesario para cubrir la logística, lo que al parecer fue aprovechado por el Ministerio, el cual manifestó: “Hemos estado en coordinación con la Superintendencia y la Creg y estamos de acuerdo con la metodología adoptada por las entidades”.
Quien también se pronunció ante los desacuerdos fue el procurador encargado del caso, Juan Spirko, quien dijo que “resulta preocupante el hecho que la Superintendencia de Servicios Públicos a la fecha no haya realizado un plan para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal el día 18 de enero de 2019”, por lo que el funcionario de control le concedió a la entidad hasta el próximo miércoles 8 de mayo, para que presente a su despacho un cronograma a fin de ejecutar la medida cautelar.
Precisamente, Carlos Caicedo se refirió sobre la ordenanza del Ministerio Público y reiteró su disposición para de una vez por todas dar inicio a la coyuntura que actualmente acapara la atención de todos los costeños.
“Quedamos en presentar el miércoles de la otra semana al procurador judicial 118 un calendario concertado que satisfaga los que propuesto en términos de la amplia participación de la comunidad y las diferentes autoridades de la Costa, de suerte que las decisiones que vayan a tomar la Creg y la superintendencia en relación a tarifas y la convocatoria a un nuevo operador comporten una amplia participación y concertación con los usuarios quienes son los que han sufrido el rigor de los pésimos servicios y las altas tarifas de Electricaribe”, puntualizó quien fuera alcalde de Santa Marta.
Es de resaltar que ya son dos las conciliaciones y se espera que la del 8 de mayo sea la que defina la ruta a tomar.
LAS MEDIDAS CAUTELARES
Asimismo, cabe recordar que la orden del Tribunal profiere: “la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, deberá programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los departamentos afectados -en los cuales Electricaribe presta sus servicios-, a fin de que se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar”,
Con relación a este mismo punto, la Justicia precisó: “Los dos meses de concertación en cada Departamento se harán como mínimo dentro de un mes; la Procuraduría, será la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento; los resultados de esas mesas de difusión y concertación con los usuarios del servicio de energía en la Costa, deberán ser analizadas a profundidad por la Creg a efectos de fundamentar o no la necesidad de modificar las tarifas por la prestación del servicio”.
Igualmente, la segunda medida cautelar decreta que “la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Minas y Energía y a cualquier otra entidad que resulte competente, antes de escoger el nuevo operador de la Empresa Electricaribe, deberán establecer otras dos mesas de concertación en cada uno de los departamentos afectados, a fin de que en estas se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la Creg -y todas las parte implicadas-. Dichas autoridades, deberán programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos”.
