El jefe de la oficina asesora jurídica reveló detalles que presuntamente evidenciarían la parcialidad del juez a favor de la exgerente.
El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, está considerando presentar denuncia penal y queja disciplinaria contra el juez primero promiscuo municipal de Pivijay, Juan Carlos Bonnet Pérez, quien actualmente tramita la acción de tutela presentada por Mayra Castro, exgerente del hospital de Pivijay por presunta falsificación de su carta de renuncia.
Según la gobernación, Castro Britto presentó renuncia voluntaria al cargo de gerente del Hospital Santander Herrera de Pivijay, posteriormente acudió a la acción de tutela por considerar que con la expedición del decreto de aceptación de la renuncia se le vulneraba su mínimo vital en su calidad de madre cabeza de familia.
A la acción tutela le dio trámite el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, quien según la Gobernación del Magdalena se ha parcializado en favor de la exgerente, hoy accionante.
Como prueba de la presunta parcialidad del juez Bonnet Pérez, la Oficina Asesora Jurídica a cargo de José Humberto Torres, reveló que el pasado viernes el funcionario judicial negó la participación de la gobernación en las diligencias de declaración jurada recibida a la accionante Mayra Castro y al personero municipal de Pivijay.
Para el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la gobernación, a la luz de los postulados constitucionales no es permitido al juez decretar pruebas y después, abstenerse de permitir a la gobernación, en su calidad de parte demandada defenderse.
Madre cabeza de familia
El funcionario departamental también cuestionó la conducta comportamental de la exgerente Castro Britto, quien presuntamente en procura de sus intereses ha manifestado ser madre cabeza de familia cuando convive con el padre de sus dos menores hijos en Santa Marta.
En un documento enviado por la administración departamental señala que en una sesión de la Asamblea el pasado 11 de junio la exgerente manifestó “que temía por su vida la de su familia, la de su esposo e hijos”.
Esta afirmación para la gobernación habría desvirtuado la condición de la exgerente de ser madre cabeza de familia.
Por otra parte, el Jefe Jurídico de la Gobernación denunció que el 26 de mayo de 2021, quince días después de habérsele comunicado la aceptación de su renuncia, la exgerente Castro Britto, celebró, en representación del Hospital de Pivijay, un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con Andrea Carolina Collazos Moya, esposa de Alvaro Orozco, hermano del Personero Municipal de Pivijay.
“El personero Ernesto Sierra Orozco el pasado viernes declaró a favor de la exgerente Castro Britto, lo que evidencia un intercambio de favores con recursos públicos, con la gravedad que el acta de inicio fue firmada por Castro Britto, quien ya no ostentaba la calidad de empelada pública del hospital”, dijo Torres en un comunicado.
También dio a conocer que, la exgerente Mayra Castro Britto en su instancia en el centro asistencial de Pivijay, suscribió dos contratos con la hija del Juez Promiscuo Municipal de Pivijay, Laura María Bonett Daza, por concepto de prestación de servicio profesional como médico especialista en pediatría.
El primer contrato fue el número 1995, $1.200.000 por un día de trabajo, el 23 de diciembre 2020; y el otro contrato es el 204 por valor de 8 millones 800 mil pesos, cuya duración fue desde el 21 de enero hasta el 31 de enero del 2021.
Finalizó haciendo un llamado a los jueces a no desnaturalizar la acción de tutela, mecanismo con carácter preferente y sumario para la protección de derechos fundamentales.
