Luego que propietarios de buses enviaran al alcalde (e) Andrés Rugeles, la propuesta de implementar cuatro días sin parrillero o dos días sin moto en el mes, para evitar accidentes; gremios de motociclistas aseguran que el gremio de conductores, solo se quieren beneficiar en lo económico.
Aseguran que los conductores van por los $1.728.000.000 adicionales a lo percibido hoy.
Los autodenominados Comunidad Motera de Santa Marta, aseguran que los miembros de Asotradismar, sólo se quieren beneficiar en la parte económica y jamás han pensado en el alto nivel de accidentalidad en la ciudad.
Además, aseguran que las empresas transportadoras y los buses de la ciudad, no tiene la capacidad para atender la demanda de pasajeros que estaría en los 240.000 pasajeros diarios.
EL COMUNICADO
La Comunidad Motera de Santa Marta, se permite rechazar la solicitud propuesta por parte de ASOTRADISMAR al gobierno distrital, respecto a la implementación de dos días sin moto o cuatro días sin parrillero cada mes en la ciudad, en los siguientes términos:
- Inicialmente sea de recordar que la ciudad de Santa Marta es tristemente la pionera en restricciones en contra de nuestros vehículos, ninguna ciudad en el país ha implementado tantas medidas o ha logrado decretos tan exóticos como los aquí vigentes, por lo que nuevas medidas de restricción, sería un aumento mayor de las mismas, lo cual es desproporcionado.
- El número de motocicletas en la ciudad es de aproximadamente 40.000, siendo un total del 37% de los automotores que ruedan en la ciudad, luego el impacto de las medidas propuestas afectarían a un gran número del parque automotor de la ciudad.
- En ese mismo orden, en promedio cada motocicleta moviliza a 3 personas incluyendo el conductor, por lo que se estaría hablando de un perjuicio cercano a 120.000 personas, eso es aproximadamente el 25% del total de la población de la ciudad, que según el ultimo informe del DANE, en esta capital residen poco más de 490.000 habitantes.
- Dicho informe del DANE reveló además que el departamento del Magdalena ocupa en la posición #4 de pobreza económica a nivel nacional, y en la ciudad cerca del 35% de sus habitantes están en estado de pobreza. Quienes utilizamos la motocicleta como medio de transporte somos precisamente esos ciudadanos clase media y baja, por lo que al ser obligados a utilizar el servicio de transporte público, operado por empresarios particulares, afectará negativamente los ingresos del mínimo vital familiar, y la canasta familiar.
- Implementar este tipo de medidas significarían que por lo menos las 120.000 personas que dejarían de utilizar la moto, tengamos que trasladarnos al transporte de buses, realizando por lo menos dos viajes al día, es decir, la jornada traería 240.000 pasajes nuevos al día, para un total de 960.000 pasajes cada mes, es decir, una cifra cercana al millón de nuevos usuarios mensuales, no solo los buses de la ciudad no están en capacidad de asumir, sino que además económicamente se reflejarían en nuevas ganancias a las adicionales ya existentes de $1.728.000.000 adicionales a lo percibido hoy.
- Por lo anterior se permite establecer que el propósito es meramente económico y no “para prevenir accidentes” como falsamente manifiesta la agremiación. Al respecto sea de mencionar que en los últimos meses, en el perímetro urbano no se ha presentado muertes por accidentes en motocicletas, como si se han registrado 7 fallecimientos en escasamente mes y medio donde los protagonistas son los vehículos particulares. Ahora bien, y si en gracia de discusión fuera la preocupación por la accidentalidad en la ciudad, el gremio cumpliría con sus buses en buenas condiciones técnicas y mecánicas (por no mencionar las estéticas), y es que muy frecuentemente se ven buses por ejemplos varados en el cerro ziruma, causando graves trastornos a la movilidad en esta importante arteria vial. Además de ello, sus conductores no tendrían en consigna diaria la famosa “ley del centavo” que tantas vidas ha cegado en la ciudad.
Igualmente sea de mencionar que no es ASOTRADISMAR la entidad encargada de diseñar propuestas de prevención de accidentalidad, a cuyos números cada vez más es mayor su participación en siniestros viales.
- El crecimiento en la accidentalidad del 40% en la ciudad cuenta no exclusivamente accidentes en motocicletas, sino actores viales como vehículos particulares, prestadores de transporte público, transporte especial, camiones, bicicletas e incluso peatones, al respecto se reitera que en los últimos meses no se han presentado decesos en la ciudad por causas asociadas a motocicletas, como si a otros actores viales.
- La prevención de accidentalidad se hace a través de políticas serias que permitan la integración armónica de sus actores viales, y no la segregación, estigmatización, persecución y exclusión de nuestro gremio motero. Tales adopciones se tornan inconstitucionales, socialmente inaceptadas, pues no puede simplemente un sector ser marginado de las vías de la ciudad por simple capricho de los empresarios de buses en la ciudad, a lo que hay que recordar que nuestros vehículos pagan igualmente impuestos de rodamiento, como los mismos están autorizados por la Ley 792/2002 a transportar dos personas.
Puestas en este estado las cosas, sea de destacar que la sola propuesta además de descabellada y desproporcional es totalmente abominable. Pretender que unos cuantos empresarios dueños de buses cuyos costos por vehículo superan los $200´000.000 (empresarios con grandes capitales), acrecienten sus fortunas, prosperen sus negocios económicamente hablando, a costas de los más pobres de la ciudad (35% de la población en este estado), revela sentimientos ajenos al humanismo, sentimientos bajos que solo las más macabras mentes pueden diseñar, estamos hablando de la capacidad económica de por lo menos 40.000 familias que no pueden sus intereses sucumbir frente a la jugosa rentabilidad que su propuesta resulta.
Un verdadero Estado Social de Derecho, como el precedido por el presidente Iván Duque Márquez, quien confió en el Dr. Andrés Rugeles para timonear la ciudad, plantea que cualquier adopción administrativa, como los decretos de movilidad, debe considerar el conglomerado, los asociados, el bienestar general (120.000 usuarios del motociclismo) sobre el particular (un grupo de empresarios en la ciudad con ansias de acrecentar sus riquezas.
