Un proyecto presentado en el Congreso propone penas de hasta ocho años de prisión para quienes se cubran el rostro durante una protesta y aprovechen la movilización para cometer actos violentos.
Una nueva propuesta busca ponerle más dientes a las sanciones por actos vandálicos durante las protestas.
El proyecto fue presentado este primero de septiembre por el representante Jaime Arizabaleta y otros congresistas del Centro Democrático, quienes plantean castigos más fuertes para quienes se cubran el rostro y participen en hechos violentos.
La iniciativa establece que quienes usen una capucha para esconder su identidad durante una protesta y, además, cometan actos vandálicos, podrían terminar en la cárcel entre 54 y 96 meses, es decir, de cuatro años y medio a ocho años. También se contemplan multas de hasta 200 salarios mínimos.
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El proyecto propone castigos todavía mayores si durante los disturbios se utilizan explosivos, sustancias corrosivas o elementos peligrosos que puedan poner en riesgo a otras personas o causar daños. En esos casos, la pena podría aumentar hasta en dos terceras partes.
La propuesta también apunta a quienes estén detrás de los bloqueos de vías. El proyecto busca castigar a las personas que organicen, financien o promuevan este tipo de acciones por medios ilegales cuando terminen afectando servicios, la salud pública, la alimentación o la movilidad de los ciudadanos.
El representante Julio César Triana defendió la iniciativa y aseguró que la intención es evitar que este tipo de conductas terminen sin consecuencias fuertes.
Según explicó, algunas de las penas pasarían de los actuales 2 a 4 años a entre 4 y 8 años de prisión, con la intención de que no sea tan fácil recuperar la libertad.
La propuesta, además, ya generó polémica. Arizabaleta denunció haber recibido amenazas que atribuye al ELN luego de impulsar el proyecto. Según el congresista, su nombre apareció en un panfleto que circuló en la Universidad de Antioquia, situación que calificó como una intimidación por su postura frente a la llamada ‘ley anticapuchas’.
