Mientras los impulsores del proyecto de ley estatutaria, con el que se busca un borrón y cuenta nueva para miles de deudores morosos reportados en las centrales de riesgo (TransUnión y Datacrédito), argumentan que este permitirá que esas personas vuelvan a ser sujetos de crédito por parte de la banca, desde el sector financiero advierten que, de ser aprobada la iniciativa, no solo se encarecerán los préstamos en más 8 puntos porcentuales, sino que habrá mayores restricciones, en especial para las personas de más bajos ingresos quedando de nuevo a merced del llamado gota a gota.
La iniciativa de origen parlamentario (361 de la Cámara y 053 de Senado) ya fue aprobada en primer debate en la Comisión primera del Senado y en segundo debate en plenaria de esa corporación y está para tercer debate en la Comisión primera de la Cámara de Representantes.
Precisamente, a las 2 de la tarde de este lunes se llevará a cabo una audiencia pública en la que los legisladores escucharán los argumentos de quienes consideran que este proyecto, en lugar de beneficiar a los colombianos con reportes negativos en las centrales de riesgo, lo que hace es perjudicarlos.
LAS CIFRAS
Según cifras de Datacrédito Experian, el 63,3 por ciento de las personas que están en sus bases de datos tiene ingresos de entre uno y dos salarios mínimos mensuales. Un análisis elaborado por esta central de riesgo indica que con la aprobación del proyecto se dejarían de aprobar entre 975.396 y 1’798.083 créditos que representan recursos no desembolsados de entre 6 y 12 billones de pesos, un monto equivalente a lo que se espera recolectar con la última reforma tributaria.
Las mayores contracciones se verían por el lado de las tarjetas de crédito (24,1 por ciento), el microcrédito (10,5 por ciento) y los préstamos de libranza (8,5 por ciento).
El otro efecto negativo inmediato se relaciona con el encarecimiento del crédito en momentos en que las tasas de interés vienen cayendo. Hasta el 10 de mayo la tasa promedio para un préstamo de consumo en la banca era del 18 por ciento y de 26,6 por ciento para tarjeta de crédito, según la Superintendencia Financiera.
ASÍ SE LE PAGA A LOS CUMPLIDOS
Un ejercicio realizado por analistas del mercado indica que ese costo será de más de 8 puntos porcentuales. Así, una persona que hoy paga una cuota mensual de 53.000 pesos por un crédito de 2 millones, a 60 meses, con los cambios que pretende el proyecto podría llegar a pagar, por un crédito de igual valor, una cuota mensual de 61.000 pesos lo que significa un aumento de casi el 15 por ciento.
Si el préstamo fuera a un plazo de 36 meses, la cuota mensual pasaría de 74.000 a 82.000 pesos mensuales, 11 por ciento más, advierten los analistas, quienes consideran que “el proyecto busca beneficiar a quienes no pagan a costa de quienes sí lo hacen”.
Y advierten que los más perjudicados serán las personas de estratos 1, 2 y 3 quienes no cuentan con garantías reales, siendo su historial creditico y su reputación lo más valioso a la hora de buscar financiación para sus emprendimientos.
Según cifras del sistema, 7 de cada 10 créditos son otorgados a personas de esos niveles socioeconómicos en el país y, según los expertos, con los cambios que se le harían a la Ley 1266 de 2008 o de Habeas Data, “se afectaría -además- la garantía reputacional de al menos 64 por ciento de las mujeres de bajos ingresos, que en su mayoría acuden al crédito para proyectos productivos”.
¿QUÉ DICE EL PROYECTO?
El proyecto liderado por un grupo de 12 senadores, entre los que se destacan Luis Fernando Velasco y David Barguil, busca reducir de 4 a 2 años el tiempo de permanencia del reporte negativo en las centrales de riesgo de las personas que se pongan al día con sus obligaciones, una especie de amnistía o borrón y cuenta nueva, y que dicho reporte solo sea por el doble del tiempo de la mora hasta un máximo de dos años.
También establece un término de caducidad de 5 años de los datos negativos, así no se hayan pagado las obligaciones; que se normalice la calificación crediticia de la persona tan pronto se elimine el reporte negativo, que los ciudadanos puedan consultar su historia crediticia de forma gratuita y que se borre el reporte a quienes sean víctimas de suplantación personal.
Pero uno de los puntos que tiene en alerta al sector financiero es el que obliga a las entidades a notificar a los deudores que serán reportados a las centrales de riesgo cuando entren en mora con sus obligaciones y que cuando se trate de préstamos inferiores o iguales al 20 por ciento de un salario mínimo mensual (unos165.623 pesos), serán necesarias, al menos, dos notificaciones, una de estas, 20 días antes del reporte.
Para los banqueros este solo aspecto generará grandes costos al sistema y crea un ambiente propicio para que las entidades terminen por no reportar esas moras, lo cual tiene efectos muy negativos en la información que manejan las centrales de riesgo y a largo plazo contribuirá al deterioro de la cartera del sistema.
“Una medida como la planteada constituye un excesivo costo, no solo para las entidades financieras sino para todos aquellos sectores que reportan información a los burós de crédito”.
“Una medida como la planteada constituye un excesivo costo, no solo para las entidades financieras sino para todos aquellos sectores que reportan información a los burós de crédito.
En el caso de las obligaciones por un monto inferior al 20 por ciento de un salario mínimo, estas operaciones se dejarían de reportar debido a la complejidad y altos costos que implica la doble notificación, lo cual generaría un estímulo negativo para la colocación de créditos de bajo monto, microcréditos, créditos de consumo y tarjetas de crédito con cupos de baja cuantía, entre otros”, advierte la Asobancaria.
Agrega el gremio que, en términos generales, la iniciativa tendrá un impacto negativo en materia de profundización financiera para el país, perjudica la historia financiera de los deudores, otorga el mismo trato a los deudores morosos y a aquellos que siempre están al día con sus pagos y fomenta una cultura de no pago.
