Cerraron las entradas para controlar el ingreso de los vendedores, buscan evitar ataques como los del sábado en donde turistas y funcionarios de la Udep resultaron afectados.
Luego del ataque con piedras contra los funcionarios de la Unidad Defensora del Espacio Público -Udep-, la Secretaría de Gobierno tomó este lunes acciones radicales para controlar el comercio informal en El Rodadero.
A las 5:30 de mañana fueron cerradas las entradas al balneario desde el sector de Mi Ranchito hasta el camellón de ‘las iguanas’. Hombres de la Policía y la Udep vigilan el ingreso del personal.
Con esta medida las autoridades buscan proteger a los turistas y bañistas de los excesos de la informalidad y la ilegalidad en este importante sector turístico de la ciudad.
La Secretaría de Gobierno Distrital, como entidad responsable de la gerencia de la zona durante la temporada vacacional de fin y comienzo de año, adoptó esta medida después de las agresiones a la autoridad, registradas el sábado anterior, donde también se vieron afectados turistas por parte de vendedores ambulantes y estacionarios, de origen venezolano y colombiano, que operaban en las zonas de espacio público sin tener ninguna autorización para ello.
Iván Calderón, gerente de la Promotora Turística de El Rodadero, ProRodadero asegura que apoyan esta decisión y piden a las personas del comercio ilegal respetar las medidas, debido a que hechos como los ocurridos el sábado “dañan la imagen no solo de El Rodadero, si no de la ciudad. Aquí no debemos pensar en intereses personales, si no en el bien común y ante todo de las zonas turísticas”.
El proceso
Sobre los hechos de violencia ocurridos el pasado sábado, las autoridades han reportado la captura de 11 personas, las cuales ya están en el proceso de judicialización, algunos son nacionales, otros son de nacionalidad venezolana.
El Secretario de Gobierno, Adolfo Bula dijo que ven con preocupación “los niveles de agresión que tienen estas personas venezolanas en contra de las autoridades y en contra de las actividades que se hacen para controlar la ocupación ilegal del espacio público”.
