El grupo alzado en armas indicó que no realizan amenazas ni acciones contra la libre expresión, líderes sociales, comunicadores o miembros de la comunidad
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) emitieron un comunicado público en el que negaron cualquier participación en amenazas o exigencias de dinero relacionadas con el caso denunciado por el ciudadano Luis Miguel Moisés, quien había señalado presuntas conductas intimidatorias en su contra.
En el documento, el Estado Mayor de la organización aseguró que no tiene “absolutamente nada que ver” con los hechos denunciados y rechazó las acusaciones que los vinculan con supuestas presiones o cobros ilegales. Según el comunicado, cualquier conflicto entre particulares debe resolverse mediante el diálogo o por las vías legales correspondientes, sin involucrar al grupo armado.
“Nos vemos en la obligación por criterio propio y autoridad moral de desmentir dichas amenazas que aduce el señor, el cual culpa a nuestra organización de algunas conductas en su contra”, señalaron en el pronunciamiento, en el que además invitaron al denunciante a acudir a mecanismos institucionales para resolver cualquier diferencia.
En el mismo comunicado, las ACSN afirmaron que, aunque históricamente han ejercido control territorial en zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en este caso específico no tienen ninguna relación con los hechos denunciados. También reiteraron su intención de respetar los compromisos adquiridos en el marco de la política de paz adelantada por el Gobierno nacional.
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La organización manifestó su disposición de mantener interlocución con entidades garantes como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de evitar malentendidos y garantizar el respeto a los derechos de la población civil.
Asimismo, indicaron que no realizan amenazas ni acciones contra la libre expresión, líderes sociales, comunicadores o miembros de la comunidad, y afirmaron que su accionar está enfocado, según su versión, en la protección de la seguridad y los derechos de la población en los territorios donde tienen presencia.
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Este pronunciamiento se conoce en medio de un contexto de atención sobre la seguridad en zonas de influencia de la organización, especialmente en áreas rurales y urbanas de Santa Marta y el departamento del Magdalena, donde las autoridades mantienen seguimiento a denuncias relacionadas con posibles presiones y hechos de violencia.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso específico, mientras avanzan las verificaciones correspondientes para esclarecer la situación denunciada.
