La sanción económica se impuso por deficiencias en la recolección y el transporte de residuos sólidos. Según los informes de supervisión, se documentaron incumplimientos en varias rutas y jornadas de septiembre.
La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) impuso una multa de $220.061.403 a Aseo Técnico de la Sabana (Atesa) por incumplimientos parciales de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación del servicio de recolección de basuras.
La decisión corresponde a una sanción equivalente a 126 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se fundamenta en informes de supervisión e interventoría que identificaron deficiencias en la ejecución de las labores de recolección y transporte de residuos sólidos.
Las fallas detectadas en septiembre
Entre los hechos documentados aparecen incumplimientos relacionados con las jornadas de recolección de los días 12, 13 y 14 de septiembre, además de fallas en las rutas identificadas con los códigos 1049, 2050, 1051 y 2052.
De acuerdo con la documentación mencionada por Essmar, se acreditaron 18 casos de incumplimiento. Los informes también señalaron demoras y deficiencias que habrían afectado la continuidad y la calidad del servicio público a cargo de la empresa concesionaria.
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La sanción se impuso por el incumplimiento parcial de las obligaciones contempladas en el contrato 007 de 1993, que regula la relación contractual entre las partes.
¿Cómo se cobrará la multa?
El valor de la sanción será descontado de los saldos pendientes de pago a favor de Atesa. En caso de que no se produzca el pago voluntario, la entidad indicó que podrá acudir al procedimiento de cobro por jurisdicción coactiva.
Essmar señaló que la decisión se adoptó en ejercicio de sus facultades sancionatorias y aseguró que durante el procedimiento se respetaron el debido proceso y los derechos de defensa y contradicción de la empresa.
La Alcaldía defiende la aplicación del contrato
El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, afirmó que la Administración Distrital busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y proteger los recursos públicos.
