Hace 48 horas, los presidentes del Senado y de la Cámara recibieron una carta en la que el procurador General, Fernando Carrillo, toca un tema sensible: la vigilancia de las llamadas Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) o asesores al servicio exclusivo de los congresistas.
Por ley, cada legislador tiene un cupo de hasta 10 personas y 50 salarios mínimos al mes para contratarlos, lo que le cuestan al erario 138.600 millones de pesos al año. Sin embargo, para Carrillo es claro que esa labor no está regulada por la ley y que hay vacíos que han terminado en sonados escándalos.
Uno de los más frescos fue el uso de un asesor de la UTL de Bernardo el ‘Ñoño’ Elías para cobrar cheques que terminaron siendo parte de los sobornos de Odebrecht. O el del exsenador, también de ‘la U’, Carlos Enrique Soto, a quien el Consejo de Estado le decretó la muerte política por pagarle al hijo de su compañera viajes al exterior, como si fuera asesor de su UTL. Casi todos los partidos se han visto golpeados por esos escándalos.
Pero la carta de Carrillo la antecedió la decisión de su entidad de suspender, 90 días, al representante a la Cámara Liberal por Nariño Hernán Estupiñán, por conductas que van desde pedirle a un asesor donar parte de su sueldo a terceros hasta asignarles labores fuera del Congreso.
Alarma y censo exprés
En este caso, de los ocho integrantes de su UTL, solo dos residen en Bogotá y los otros desempeñan funciones desde Nariño.
Y si bien en su apelación, el representante señala que la ley permite el trabajo en las regiones, EL TIEMPO estableció que funcionarios del Congreso iniciaron una especie de censo exprés para establecer en qué andan algunos asesores de UTL que nadie conoce y que solo aparecen en los listados de nómina.
Al respecto, el procurador Carrillo asegura en su carta que hay vacíos de fondo en la Ley 5 o reglamento del Congreso sobre el manejo de esas unidades.
En efecto, en su carta a Ernesto Macías y a Carlos Chacón, Carrillo enumera seis puntos en los que, a su juicio, debe basarse la regulación de los miembros de las UTL.
El primero de ellos establece que se “proscriba cualquier forma de aprovechamiento o utilización del personal y de los recursos públicos para la realización de actividades diferentes a la amplia gestión misional del honorable Congreso”.
El Procurador también dice que debe quedar explícito que está prohibida cualquier forma de requerimiento, solicitud o coacción para utilizar los recursos pagados a los miembros de la UTL con fines diferentes a la remuneración de los servicios efectivamente prestados.
“No son admisibles las ‘corbatas’ (…) Quienes sean nombrados allí deben estar al servicio del congresista en el Congreso, no son personas dedicadas a hacer política. No debe haber UTL de bolsillo”, dijo Carrillo cuando se reveló el caso Estupiñán.
Y en la carta también advierte que si bien la ejecución de actividades en las regiones por parte de miembros de las UTL son una alternativa esencial para la presencia en los territorios del Congreso, asegura que es necesario que estas estén documentadas y supervisadas.
De hecho, precisa que se deben habilitar mecanismos de control, como la presentación periódica de informes y la permanente comunicación funcional para garantizar que cumplan con su deber.
No son admisibles las ‘corbatas’ (…) Quienes sean nombrados allí deben estar al servicio del congresista en el Congreso
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¿Contraataque?
Pero un grupo de legisladores no está dispuestos a que se les toquen las UTL y preparan una embestida. Además del censo exprés, circula un documento interno, desde el 13 de mayo, en el que si bien la División Jurídica de la Cámara admite vacíos legales, defiende el trabajo de asesores por fuera de Bogotá.
“Ni la Ley 5 de 1992 ni otro instrumento jurídico determina el lugar donde los funcionarios de las UTL deben trabajar”, dice el documento. Incluso, señala que fueron excluidos de la planta de personal de la Cámara.
Y citando una sentencia del Consejo de Estado –de marzo de 2017–, asegura que la prestación de los servicios en un lugar diferente a Bogotá está justificada siempre y cuando se desarrollen labores de acuerdo con las necesidades del servicio.
También señala que es a los congresistas a quienes les corresponde certificar el cumplimiento de las actividades de sus UTL, incluidas las que se realizan en una ciudad distinta a Bogotá, sede del Congreso. Además, dicen que un fallo de la Corte Constitucional, de 2010, les permite a las UTL, incluso, apoyar al legislador en época electoral.
Pero, más allá de la discusión legal, EL TIEMPO estableció que han llegado denuncias a organismos de control, en las que consta que poderosos congresistas tienen “trabajando en sus UTL” hasta a madres de sus aliados políticos.
Por ahora, EL TIEMPO estableció que las mesas directivas de Cámara y Senado, incluidas sus directoras administrativas, serán citadas para analizar la carta de Carrillo e implementar medidas. Todo indica que se requeriría de un proyecto de ley para incluir las regulaciones en la Ley 5 y no todos están dispuestos a ponerles límites a sus UTL.
Otros sonados escándalos en las UTL
Dos miembros de la UTL de la representante a la Cámara por Bogotá Tatiana Cabello fueron cobijados con medida de aseguramiento por cobrar parte del sueldo de otros asesores. Ella perdió el aval del Centro Democrático. En 2007, el congresista Manuel Carebilla Cuellar, de Cambio Radical, contrató a dos personas para su UTL a cambio de 260 millones de pesos. Uno de ellos no podía posesionarse porque tenía pensión de invalidez y el otro estaba sancionado por la Procuraduría. Ambos buscaban una pensión más alta. Carebilla fue condenado, en 2017, a 14 años de prisión por actos de corrupción.
El Tiempo
