La instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea del Magdalena, tuvo como discusión central lo que varios diputados consideran como una extralimitación de parte del gobernador Carlos Caicedo, al pedir la base de datos de los estudiantes de Unimagdalena, para el fondo de gratuidad.
Los diputados del Magdalena aseguran que en la ordenanza aprobada al gobernador Carlos Caicedo, se había hecho claridad a respetar la autonomía de las entidades de educación superior, en este caso la Universidad del Magdalena.
Además, aseguran los diputados que consideran que el Gobernador usaría como pretexto el listado para utilizarlo como herramienta política.
“La Asamblea del Magdalena excluyó un paragrafo al proyecto de ordenanza dónde se crea el fondo de gratuidad, se le dejó claro al gobernador y la ordenanza que no podía arbitrariamente en el decreto reglamentario hacer lo que ha venido haciendo con ese decreto. Esta es, una obligación más que institucional, más que educativa, es una situación política eso lo veníamos advirtiendo en la asamblea y hoy el tiempo nos da la razón”, dijo el presidente de la Asamblea, Julio Alzamora.
Por su parte, la diputada Claudia Patricia Aarón dijo que, no es posible que el Gobernador pase por encima de las ordenanzas.
“La ley, las ordenanzas, los acuerdos, son los fundamentos de los decretos. No puede un acuerdo ordenarse sin lo que está fundamentado en la ley”, dijo Aarón Viloria.
“No es posible, ni existe ninguna facultad, para que pida a los estudiantes para que se inscriban en ningún enlace de la Gobernación del Magdalena. No puede aprobarse facultades que la Asamblea le ha dado”, añadió la diputada.
Por su parte en defensa del Gobierno, el asambleísta Rafael Noya, manifestó que el listado es para realizar un control de cómo se utilizarán los recursos para la matrícula cero de la universidad.
El diputado puso el ejemplo del Infotep en Ciénaga que “de forma inmediata envío el listado y que al ser comparado con las bases de datos, comparados con todos los requisitos se llegó a la conclusión que estaba a 100 por ciento exacta”.
LA ORDENANZA
El fondo de gratuidad fue aprobado el pasado 2 de septiembre, con varias modificaciones, entre ellas que información personal de los estudiantes, debe ser protegida y solo será manejada por las instituciones públicas donde se educa, además que no se girarán recursos de manera directa a ninguno de los educandos.
