La autoridad ambiental en el Magdalena ha señalado que desde noviembre del año pasado ha alertado sobre las afectaciones en el ecosistema marino por este derramamiento.
En el desarrollo de la sesión de debate de control político por el derramamiento de aguas residuales en la ciudad en los meses de septiembre y octubre, citación hecha por el parlamentario Franklin Lozano en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) indicó que por los vertimientos de aguas residuales al mar Caribe ha empezado un proceso sancionatorio en contra de la Empresa de Servicios Públicos (Essmar), hoy intervenida por la Superservicios.
Alfredo Martínez, subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación, agregó ante la plenaria que desde noviembre del año pasado alertaron a la empresa operadora del alcantarillado sobre este fenómeno, toda vez que se estaban realizando en puntos no autorizados.
“La Essmar y la alcaldía están avisados del proceso sancionatorio y ya fueron compulsadas copias a la Procuraduría y a la Fiscalía. En este sentido, logramos tomar unas muestras de la bahía, según lo establece las leyes ambientales que son garantistas, con un laboratorio acreditado por el IDEAM para identificar qué tipo de agua es la que cae”, aseguró Martínez.
Por otro lado, Corpamag también dijo que la Essmar adeuda cerca de $5 mil millones de pesos por el concepto de la Tasa Retributiva, la cual se paga por enviar aguas de alcantarillas al emisario submarino.
Desde 2019 esta cuota, que equivale a $2 mil millones anuales, no es cancelada a pesar que se han dado acercamientos entre las partes para fijar acuerdos de pago.
Sobre el sistema de alcantarillado de Santa Marta Natasha Avendaño, superintendente Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, dijo que este carece de mantenimiento y no tiene planes de contingencias para evitar los rebosamientos.
Por su parte, el procurador judicial Ambiental y Agrario del Magdalena, Jorge Escobar, mencionó en la sesión que la capacidad instalada en la Ebar Norte es menor que la operada por la extinta Metroagua. Asimismo, reprochó que entre 2015 y 2020 la administración distrital manejó más de $750 mil millones por recursos de libre destinación y no ha atendido las necesidades insatisfechas de los samarios.
